​En la reunión mantenida en el día de hoy con la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno por iniciativa sindical, ambas confederaciones han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno en funciones se comprometa con reformas económicas y estructurales. Asimismo, han reiterado sus propuestas acerca de las prioridades que deberían orientar el PNR: la lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

UGT y CCOO consideran necesario un cambio de rumbo en las políticas diseñadas en el marco del Semestre Europeo por las instituciones de la Unión Europea y el Gobierno, cuyas nefastas consecuencias socioeconómicas admiten pocas dudas. Proponen poner fin a las políticas de austeridad fiscal y laboral que han agravado los efectos de la crisis, al estimar que una recuperación real de nuestra economía no se puede producir sin aumento del consumo, lo que pasaría fundamentalmente por la recuperación de los salarios, la corrección de las desigualdades y el crecimiento de la inversión pública.

CCOO y UGT creemos que la rebaja de impuestos llevada a cabo por el Ejecutivo, ha impedido una política presupuestaria más proactiva en el impulso del crecimiento económico, que hubiera permitido recortar más rápidamente el paro y recuperar la protección de las personas en situación de pobreza. El Gobierno bajó los impuestos con claros fines electoralistas, como ha demostrado la fuerte desviación del déficit público en 2015 (un punto porcentual). Gran parte del mismo, se localiza en la Seguridad Social y tiene –además del ciclo de empleo– un claro componente estructural, resultado del envejecimiento de la población y del aumento de los bajos salarios. El Ejecutivo, sin embargo, no parece tener una estrategia concreta para atajar este grave problema, más allá sentarse a esperar un fuerte recorte de la pensión en relación al salario percibido. El Gobierno fía el reequilibrio de las cuentas públicas al crecimiento económico –a pesar de la desaceleración de la actividad económica, y el contexto de baja inflación– a un aumento del superávit de las Corporaciones Locales, y a la congelación del gasto público en educación y sanidad.

Las centrales sindicales también expresamos una radical oposición a la política llevada a cabo en el sector financiero. Ésta ha provocado un aumento de la concentración, en un sector que ya estaba muy oligopolizado, lo que está produciendo más destrucción de empleo, y se traducirá en una subida del coste de los servicios para los clientes, el incremento de la exclusión financiera de las personas con menos recursos, y el aumento del riesgo sistémico durante las crisis, cuyas consecuencias pagarán nuevamente los ciudadanos y trabajadores, con más impuestos y despidos. UGT y CCOO hemos defendido la necesidad de una banca pública fuerte que permita el acceso al crédito de todas las familias y empresas, y mantenga el coste de sus servicios en niveles razonables.

Ambas confederaciones han señalado la ausencia de participación de los sindicatos a lo largo del proceso del Semestre Europeo, especialmente en relación con las actuaciones específicas del Gobierno: PNR, Programa de Estabilización y adopción de las Recomendaciones específicas para España. Una participación que está minuciosamente establecida en la Declaración de los interlocutores sociales europeos de 2013, que respetan la mayoría de los gobiernos europeos. En este sentido, el Gobierno ha reconocido su responsabilidad en la ausencia de participación sindical y la deficiencia de las consultas realizadas en estos ámbitos.

Asimismo, CCOO y UGT han mostrado su disconformidad con el hecho de que, un año más, tengan que esperar a finales de abril, y una vez que ya está aprobado por el Consejo de Ministros, para conocer el contenido del PNR 2016, aunque este sea de trámite por la naturaleza actual del Gobierno.