UGT y CCOO insisten en que el SMI debe mejorar hasta llegar a los 800 euros
Fecha: 10 Dic 2015
UGT y CCOO recuerdan a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en relación con sus declaraciones de que el Gobierno ha consultado a los interlocutores sociales sobre el SMI, que consultar no basta, sino que es preciso negociar y consensuar.
En este sentido le recuerdan que en noviembre le remitieron sus propuestas para mejorar el SMI de manera que se acerque al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España. Ambos sindicatos demandan una subida del 11% en 2016 para llegar a los 720 euros, y otro aumento del 11% en 2017 hasta los 800 euros, y consideran que ante el cambio de ciclo económico, el Ejecutivo no puede poner en cuestión los efectos de la recuperación para la mayoría social.
UGT y CCOO, ante la proximidad del periodo de actualización del SMI, hicieron llegar, el pasado 2 de noviembre, una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, en la que le pedían preservar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como mejorar el poder adquisitivo de la población que recibe un salario menor y cuyas condiciones de vida se han ido deteriorando a medida que ha transcurrido la crisis.
En este sentido, recordaban que la política de austeridad y devaluación salarial aplicada desde 2010 en España también se ha trasladado al SMI, que ha sufrido una pérdida de poder de compra de 5,4 puntos. Para ambos sindicatos, esto es consecuencia de incumplir tanto el procedimiento como los criterios para fijar el aumento del salario mínimo, señalados en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
A la luz del importante papel que juega el SMI, ambos sindicatos demandaban incrementar escalonadamente el SMI de forma que en 2017 alcance 800 €. Una cuantía que permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido y aproximarse a los salarios mínimos existentes en la Unión Europea de los 15 y al 60% del salario medio, objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España.