​Ante la proximidad del periodo de actualización del SMI, las confederaciones sindicales de UGT y CCOO han enviado una carta a la Ministra de Empleo y Seguridad Social en la que instan al Gobierno a impulsar la mejora del SMI de manera que se acerque al 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España. De esta forma, ambas organizaciones demandan una subida del 11% en 2016 para llegar a los 720 euros, y otro aumento del 11% en 2017 hasta los 800 euros.

Los Secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, han dirigido una carta a la Ministra de Empleo en la que reiteran la necesidad de preservar la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como de mejorar el poder adquisitivo de la población que recibe un salario menor y cuyas condiciones de vida se han ido deteriorando a medida que ha transcurrido la crisis. 

La política de austeridad y devaluación salarial aplicada desde 2010 en España también se ha trasladado al SMI, que ha sufrido una pérdida de poder de compra de 5,4 puntos. Para ambos sindicatos, esto es consecuencia de incumplir tanto el procedimiento como los criterios para fijar el aumento del salario mínimo, señalados en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

La incipiente salida de la recesión y el cambio de ciclo en el conjunto de la UE exige que la recuperación económica se traslade también a los salarios en España, tanto en el sector privado tal y como se señala en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, como para recuperar y mejorar los salarios de los empleados públicos. Por eso se hace más necesario todavía un incremento significativo en la cuantía del salario de los que menos cobran, como es el SMI.

A la luz del importante papel que juega el SMI, UGT y CCOO proponen incrementar escalonadamente el SMI de forma que en 2017 alcance 800 €. Esta cuantía permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido y aproximarse a los salarios mínimos existentes en la Unión Europea de los 15 y al 60% del salario medio, objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España.