​UGT y CCOO denuncian fraude de ley, abuso de derecho y la concentración de subvenciones en pocos beneficiarios en la Convocatoria Estatal de Formación de Jóvenes 2015 (40 millones) y piden la paralización inmediata de su resolución.

Ambos sindicatos señalan que algunas “redes de consultoras y centros” han conseguido la máxima valoración técnica mediante subterfugios y artificios, de modo que los proyectos con propuesta de aprobación, si bien tienen apariencia de legalidad, no cumplen los fines de la convocatoria ni los principios de eficacia y eficiencia que debe presidir la gestión de subvenciones públicas, según la ley.

Los subterfugios más frecuentes son los siguientes:

• Proyectos en los que la mayoría de los cursos son para un único alumno. Once proyectos con propuesta de aprobación, por un importe total de 4,2 millones de euros, incluyen gran número de los cursos dirigidos a un único participante. Los solicitantes pretenden con esta estratagema conseguir la puntuación más alta en el ítem de “diversificación de la formación a impartir”, que premia los proyectos que ofertan un mayor número de cursos con contenidos diferentes y que, por lo tanto cubren diversas necesidades de cualificación. Dado que el importe máximo que se puede solicitar por expediente es una cantidad fija, presentar cursos con un único participante permite aumentar el número acciones formativas diferentes sin aumentar el coste total.
  
  La repetición de este planteamiento en proyectos distintos y con iniciativas diferentes, pero presentados por los mismos solicitantes, demuestra que no responden a ningún análisis de las necesidades del colectivo de jóvenes, sino que son un artificio destinado a obtener las subvenciones.  El caso más extremo es de una entidad que solicita financiación para 33 cursos de idiomas, de los cuales 32 son para un único alumno y uno, de inglés C1, para 223.

• Cursos con más profesores que alumnos. Aún más escandaloso es que haya proyectos con propuesta de aprobación en los que se dice que va a haber un número de docentes superior al número de alumnos. La valoración técnica pretende impulsar el empleo de calidad y asigna mayor puntuación a las solicitudes de entidades que dediquen al proyecto un número alto de docentes con contrato indefinido. Para conseguir el máximo de valoración en este ítem, algunos incluyen en un mismo proyecto a entidades con un elevado número de trabajadores fijos que, aunque solo impartan un curso,  compensan de cara a la valoración, la falta de docentes de otras.  Los resultados son del todo incoherentes y así por ejemplo, un centro de formación declara dedicar 149 docentes a la impartición de un curso para 15 alumnos, mientras, en el mismo expediente, otro declara que va dedicar sólo dos docentes a impartir dos cursos para 50 participantes.

• Jóvenes que recorren España para hacer un curso. Una tercera táctica irregular se refiere a la dimensión territorial de los proyectos. También aquí algunas entidades han forzado las solicitudes hasta lo inverosímil para conseguir la financiación. En efecto, la convocatoria otorga más puntos a los proyectos que se dirigen a varias comunidades autónomas con el fin de “premiar el esfuerzo (del solicitante) por cubrir necesidades formativas en zonas que, de otra forma, tendrían una deficiente cobertura fomentando la uniformidad en la mejora de la competencia y la cualificación de dichos trabajadores”. Sucede que varios de los expedientes con propuesta de aprobación agrupan solo dos centros muy próximos geográficamente, aunque afirman que tendrán alumnos de toda España. Este proceder es contrario a la eficiencia económica que exige la ley de subvenciones, pues los alumnos residentes en las comunidades autónomas en las que el solicitante no dispone de centros de formación, tendrán que desplazarse desde su domicilio o centro de trabajo al lugar en el que se imparte el curso  lo cual eleva los costes de la formación.

Asimismo, los sindicatos señalan que las entidades que han utilizado estos ardides han conseguido que se aprueben bastantes de sus solicitudes.  Así, cinco entidades han logrado que se aprueben los tres proyectos que presentaban, acumulando 6,2 millones de euros -el 15,54% de 40 millones de euros del presupuesto de la convocatoria y cuatro grupos de empresas de formación acumulan el 22% de las ayudas.

Para los sindicatos es poco probable que estos solicitantes puedan ejecutar los proyectos en las condiciones de la solicitud, porque no es sostenible económicamente dedicar, como propone alguno de ellos, un aula y tres profesores a realizar un curso de 600 horas para una sola persona que además tiene su domicilio a cientos de kilómetros de lugar de impartición, pero aceptan sufrir una penalización económica por no ejecutar la formación en las condiciones previstas, si a cambio tienen la oportunidad de competir con ventaja y obtener grandes cantidades de dinero dejando fuera a otros proyectos más realistas.

Indican así mismo que, en algunos casos, esas entidades “utilizan” a pequeños centros de formación para armar proyectos “altamente puntuables” y en otros, aunque el solicitante es formalmente uno de los centros, son ellas las que controlan las comunicaciones con la Tripartita y, en general, la realización de la formación.

En resumen, UGT y CCOO afirman que estamos ante una convocatoria en la que las ayudas propuestas a entidades que han utilizado subterfugios para conseguir la mayor valoración técnica, van en detrimento de una inmensa mayoría de solicitantes, que han presentado proyectos coherentes. Es precisamente por ese comportamiento y porque alguna de ellas tiene causas pendientes por mal uso de fondos públicos de formación (presidenta imputada) y por el elevado riesgo de mala praxis, por el que los sindicatos en el órgano colegiado que tiene la labor de informar la convocatoria (compuesto por el SEPE, organizaciones empresariales y sindicales) votamos desfavorablemente al no considerarse por la mayoría de sus integrantes, nuestra propuesta de requerimientos a estos solicitantes para que explicasen y aclarasen estos extremos que denunciamos.
Por ultimo de no ser atendida por el Servicio Público de Empleo Estatal la petición de paralización de la convocatoria, estudiaremos las acciones legales oportunas para evitar que esta convocatoria siga su curso.