• UGT reclama la ratificación del mismo por parte de los países con el fin de impulsar una migración segura y con derechos. 

La Unión General de Trabajadores valora el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular ya que, aun no siendo vinculante, tiene aspectos positivos, tanto por su contenido, como por el valor, más que simbólico. El sindicato reclama la aprobación del mismo, ya que varios miembros de Naciones Unidas no lo han hecho aún, entre ellos, Estados que forman parte de la Unión Europea y cuya negativa tiene que ver, en unos casos, con una narrativa por parte de los gobiernos contraria a la inmigración, pero también con medidas y políticas que chocan directamente con principios y objetivos del Pacto Mundial.

UGT espera que realmente éste sea un paso positivo para poner por delante los derechos de las personas, la igualdad, la coordinación entre países y regiones y que permita, pese a su carácter no vinculante, abordar aspectos como la creación, mediante la inversión, de condiciones en los países de origen para que las personas no se vean obligadas a migrar o el objetivo de salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre migrantes desparecidos.

Otras acciones del Pacto recuerdan que los migrantes víctimas del tráfico de personas son eso, víctimas, que no deberían ser enjuiciadas por el hecho de haber sido objeto de tráfico ilícito; o que en la gestión de las fronteras es preciso respetar el estado de derecho y las obligaciones en virtud del derecho internacional y los derechos humanos de los migrantes.

Por otra parte, el sindicato recuerda que la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de 1990, no ha sido firmada por ningún Estado miembro de la Unión o países que son fundamentalmente destino migratorio. Sin duda, es un buen momento para que los gobiernos, incluido el español, que han firmado el Global Compact, se comprometan con un texto que es vinculante y cuyo standard de derechos se extiende no solo a las personas en situación administrativa regular, sino que alcanza también (al menos en determinados derechos básicos) a los trabajadores migratorios en situación irregular y sus familias.