La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) valora de manera positiva el enfoque del informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hará público de manera inminente sobre las consecuencias fiscales y económicas de la transición hacia una economía de cero emisiones netas (NZE, por sus siglas en inglés) en España. Sin embargo, el sindicato considera que todavía quedan “puntos conflictivos” que se deben poner de relieve y exigir para asegurar que este proceso sea justo y se comprometa con la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora.

En concreto, el texto señala que a pesar de que España corre el riesgo de ser uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático, aun presenta un consumo de energía mayormente dominado por los combustibles fósiles (casi el 70% del consumo total). Así, el estudio deduce que la estrategia hacia la consecución de las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 contemplada en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (LDS) del Gobierno de España requerirá de un esfuerzo financiero y reorganizativo de la producción. Este implicará a hogares, empresas y sector público. Es por ello por lo que la OCDE ha decidido escoger a España como ejemplo para estudiar las consecuencias del proceso.

El informe estima también que dichos cambios en la política económica del país y sus efectos serán compatibles con un escenario de crecimiento positivo del PIB per cápita de aquí a 2050. Así, se dará una mejora de la balanza comercial debido a la reducción en la dependencia energética y se producirá un aumento de los ingresos fiscales principalmente provenientes del efecto del crecimiento de la economía en sectores con menores emisiones netas. 

Ante este escenario, UGT considera que la distribución de los nuevos ingresos generados debe ser equitativa. En concreto, el sindicato señala que a pesar del aumento estimado por la OCDE del 1% anual de media para el PIB de aquí a 2050, se debe apuntar al efecto dispar que este crecimiento provocará en las diferentes familias. De esta forma, los hogares que dependan de ingresos provenientes de actividades extractivas o aquellos que aun dependan del consumo de combustibles fósiles (aquellos con menor nivel de renta) se verán afectados en mayor medida que aquellos que participen en otro tipo de actividades o que tengan otros hábitos de consumo.

Del mismo modo, el sindicato considera que los nuevos empleos verdes generados deben ser de calidad. Las y los trabajadores de industrias más contaminantes tienden a estar más organizados sindicalmente y, por ello, representados laboralmente. El riesgo de una mayor precarización de la mano de obra se vuelve aún más presente con la transición hacia actividades de menores emisiones. En ellas, las personas trabajadoras ostentan una menor representación de sus empleados. La OCDE ya advirtió en las Perspectivas de Empleo de 2024 que aquellos trabajadores desplazados desde actividades con altas emisiones a otras con menores emisiones sufrirían una mayor pérdida de ingresos comparado con el resto de casos. Esto, además, tendrá un impacto mayor en España. Asegurar la presencia de sindicatos en los nuevos centros de trabajo, como reclama UGT, es fundamental en este punto.

Por último, UGT apunta que la Unión Europea (UE) debe desarrollar un instrumento permanente de financiación de las inversiones verdes. Al contrario de lo que señala este informe, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ya apuntó en un estudio que, con las nuevas reglas fiscales y la desaparición del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en 2027 sólo tres Estados miembro serían capaces de gastar lo suficiente como para cumplir con las necesidades climáticas y sociales expresadas en el Acuerdo de París. España no está entre ellos. Además, la ausencia de una herramienta conjunta de financiación puede provocar que el peso recaiga en las Ayudas de Estado, las cuales podrían desplegarse de forma desigual entre los diferentes miembros, sin seguir una estrategia común ni consensuada con los agentes sociales. Esto además desarrollaría una injusta competitividad entre socios europeos que podría provocar la fragmentación del Mercado Único. UGT ha denunciado ya las nefastas consecuencias de las reglas fiscales aprobadas por la UE.