Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en "El Siglo de Europa"

► Desde UGT convocaremos dos horas de paro el 8 de marzo para exigir una ley de igualdad salarial, una ley de igualdad adaptada a las necesidades reales de la sociedad actual y una Inspección de Trabajo cualificada que detecte las múltiples vías de discriminación hacia las mujeres

"En esta empresa no hay discriminación salarial". Ésta es la respuesta que habitualmente nos encontramos cuando ponemos sobre la mesa de negociación las diferencias de salario entre hombres y mujeres. Algo tan sencillo y evidente como que todas las personas tienen que cobrar lo mismo por un trabajo de igual valor. 

Y eso, ¿qué significa? Que si yo –mujer– trabajo como limpiadora tengo que ganar igual que mi compañero –hombre– que es cristalero en la misma empresa y que se ocupa de tareas idénticas a las mías, o que, si soy auxiliar de clínica, no puedo ganar menos que mi compañero celador en la misma empresa por hacer el mismo trabajo.  Y podría seguir dando ejemplos...

Esta situación de discriminación salarial, camuflada o no en diversos conceptos, no se reconoce, pero existe. La brecha salarial alcanza el 22,35% y aumenta con la edad, hasta el 50% más allá de los 65 años. Y no obedece a una menor cualificación de la mujer, como aducen algunos, porque curiosamente la brecha es superior a la media en actividades científicas y técnicas, sobrepasa el 30%.

Los empresarios se lavan las manos porque esto les reporta más de 42.000 millones de euros anuales de beneficios. Es lo que se ahorran por pagar de menos a las mujeres de este país. También han recibido en los últimos años más de 15 millones de euros de dinero público en subvenciones para realizar planes de igualdad en las empresas. Planes de los que están liberadas las empresas con menos de 250 trabajadores, el 90% de nuestro tejido empresarial.

La propia ministra de Economía ha estimado en un 15% del Producto Interior Bruto (PIB) lo que pierde este país la brecha salarial. Y no sólo se pierden salarios, sino cotizaciones sociales, etc., lo que supone menos ingresos en las arcas del Estado.

Está claro que esta brecha empobrece a las mujeres. Dos de cada diez asalariadas son pobres, pero también empobrece al país y frena su progreso.

El próximo 22 de febrero celebraremos una vez más el Día contra la Discriminación Salarial. Y en unos días, el 8 de marzo, también será el Día Internacional de la Mujer. Recordemos que el año pasado hubo una gran movilización social, que impulsamos y de la que formamos parte.

En este último año, sin embargo, prácticamente nada ha cambiado. Bueno, corrijo, sí ha cambiado algo. Han salido a la luz los viejos demonios. Las fuerzas de la derecha están inmersas en una campaña inusitada contra los derechos de las mujeres, empeñadas estas fuerzas en luchar contra lo que denominan como ideología de género, impulsada por la izquierda, con ideas como que tenemos que tener más hijos para poder tener pensión, o calificar de "cuestiones de las mujeres" que revela cierto menosprecio a nuestros planteamientos. 

No es ni más ni menos que una ola preocupante de intolerancia, machismo y xenofobia que pretende arrinconar a las mujeres y hacernos retroceder cuarenta años.

Tenemos que actuar y dar una respuesta contundente a lo que está ocurriendo. Somos la mitad de la población de este país y tenemos que ser escuchadas y ejercer nuestro derecho a decidir con nuestro voto qué políticas queremos.

El 8 de marzo tenemos un nuevo reto y sumaremos fuerzas. Desde UGT, convocaremos dos horas de paro con cobertura de 24 horas para exigir leyes que obliguen a cambiar las cosas. Una ley de igualdad salarial, una ley de igualdad adaptada a las necesidades reales de la sociedad actual y una Inspección de Trabajo cualificada que detecte las múltiples vías de discriminación hacia las mujeres.

Es necesario luchar contra la explotación de las mujeres, por más y mejor empleo, mejor pagado, que nos permita la independencia económica y la libertad.

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