Tras la publicación, este lunes, de las Previsiones Económicas de Primavera, la Comisión ultima ahora lo que se conoce como Paquete de Primavera. Es decir, el anuncio del conjunto de orientaciones económicas y presupuestarias que, bajo propuesta de la Comisión, el Consejo adopta y dirige a los Estados Miembro (generalmente a comienzos del mes de julio). Desde 2020, tanto las Previsiones como el Paquete han venido marcados por la concurrencia de sucesos extraordinarios, que alteraban tanto los pronósticos económicos como las pautas de política presupuestaria que las instituciones de la Unión proporcionaban a los estados. Este año estaba llamado a ser el del retorno a la normalidad, pero, tras la invasión rusa de Ucrania, y la cascada de sanciones y el reordenamiento geopolítico que esta ha provocado, parece que la excepcionalidad se prolongará.

Así, las Previsiones de Primavera publicadas por la Comisión este lunes revisan a la baja los datos de crecimiento del PIB para el conjunto de la Unión y para la mayoría de estados. Si en enero la Comisión pronosticaba, para 2022, un crecimiento del PIB 4% en el conjunto de Estados Miembro, la previsión actual rebaja esta cifra en más de un punto porcentual, hasta el 2,7%.  Y aunque España sigue liderando el crecimiento en la UE, se espera que su PIB crezca un 4%, lejos del 5,6% pronosticado a inicios de año. 

En este marco se inscriben las palabras del Comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, que en una entrevista concedida a varios medios europeos, preguntado por las reformas del sistema de pensiones, apuntó que aquellas destinadas a “asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo” no se evaluarán hasta 2023. Será entonces, en el primer trimestre de aquel año, cuando se examine la cuestión de la “sostenibilidad”, y será en el marco de la cuarta petición de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hasta entonces, las líneas de evaluación remiten al “mantenimiento del poder adquisitivo” y a la “alineación entre la edad efectiva de jubilación y la edad legal”. 

No sorprende, por tanto, que en el Programa Nacional de Reformas que el Gobierno presentó este 30 de abril a la Comisión, la reforma de las pensiones remita exclusivamente a dos actuaciones ya conocidas. Por una parte, a la Ley aprobada en diciembre del pasado año, por la que se vinculó la subida de las pensiones al IPC. Por otra, al Proyecto de ley presentado por el Ministro Escrivá el pasado marzo. Es decir, ni rastro, por ahora de propuestas de cambios sustanciales en la edad de jubilación, en las cuantías o en los requisitos mínimos de cotización. 

Pese a los interesados titulares de algunos medios, no hay, por tanto, razones para la alarma. Lo que no quiere decir que no haya que estar prevenidos. Si en 2023 se prevé la vuelta a la mal llamada “disciplina presupuestaria”, rebautizada ahora como “consolidación fiscal”, con ello volverá la amenaza de ajuste en el gasto corriente y, señaladamente, del gasto en pensiones. No es casual. El Reglamento que establece el conocido como brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento apunta, en su Artículo 5, a la reforma de las pensiones como el principal mecanismo de ajuste presupuestario. Si la Cláusula General de Escape del PEC se desactiva y vuelve la “disciplina”, vuelve con ella el peligro de una reforma de las pensiones que recorte los derechos adquiridos por las trabajadores y trabajadores.

De ahí que, desde UGT, creamos relevante insistir en algunas cuestiones. 

La primera de ellas es que el sistema actual de pensiones es sostenible si se llevan a cabo las actuaciones pertinentes, que en esencia pasan por aumentar ingresos sus ingresos y eliminar aquellos gastos que, siendo impropios, deberían ser asumidos por el conjunto de la Administración y sufragados mediante impuestos generales. 

La segunda es que, si verdaderamente se quiere consolidar el mantenimiento del poder adquisitivo, se ha de conservar la revisión en base al IPC en un país que ofrece pocas perspectivas de empleo digno a las trabajadoras y trabajadores con más de 50 años. Sin ajuste de las pensiones al IPC, difícilmente pueden garantizarse pensiones dignas para la población que actualmente se encuentra en edades avanzadas. 

La tercera cuestión en la que queremos insistir es que la Unión Europea se juega la credibilidad del proyecto en la respuesta que sea capaz de dar a la combinación de crisis (geopolítica, energética, medioambiental, sanitaria, laboral) que hoy vivimos. Si se quiere fomentar el europeísmo y la adhesión de la ciudadanía, deberá construirse un proyecto de progreso, no un sistema de amenazas y sanciones que reduce los derechos adquiridos por la población trabajadora. Las elecciones en Francia han demostrado que el auge de la ultraderecha es ya una amenaza real, y Europa no puede permitirse más errores.