La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nos ha vuelto a sorprender de forma no grata con el anuncio, dentro de la denominada “Estrategia frente al COVID-19”, de un proyecto, que se pretende iniciar en el mes de septiembre, de cartilla COVID-19 que, según los propios textos oficiales de la Comunidad: “simule la cartilla internacional de vacunación y que tenga su réplica en la tarjeta sanitaria virtual, con la idea de que quede reflejado si la persona ha pasado la epidemia, tiene anticuerpos, se ha hecho PCR o ha tenido acceso a otras pruebas.”

El objetivo de esa nueva cartilla experimental es “acceder con seguridad a establecimientos como los gimnasios, un sector muy preocupado en estos momentos, a museos, a cines y, en general, a cualquier recinto cerrado.” Se trata de que “aquellas personas que no contagien puedan seguir con una vida normal y extremar las precauciones sobre los vulnerables.”

Carente de cualquier base científica, la Presidenta de la Comunidad de Madrid nos sitúa ante una medida que desafía las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desconoce el Gobierno de España, que se entera por la prensa -un ejemplo más de cómo entiende la coordinación institucional la independiente Presidenta- y claramente quiebra los principios más elementales del derecho a la intimidad y la no discriminación.

Ante la avalancha de críticas, Isabel Ayuso ha calificado el proyecto como experimental, pero, siguiendo en sus inveteradas costumbres de no enmendar el error y echar culpas y balones fuera, no lo retira, sino que intenta suavizar la introducción de la medida.

UGT ha respetado las medidas sanitarias impuestas por una autoridad u otra en relación con la pandemia, si bien ha criticado a aquellos que han ahorrado en profesionales y recursos a costa de la salud de los españoles. Pero, en relación a este proyecto, nuestro Sindicato no está dispuesto a admitir la introducción de este tipo de medidas, aun cuando se califiquen como experimentales o provisionales, en tanto atentan contra los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas de este país y nos acerca a situaciones cercanas al “apartheid”.

La postura de Ayuso de establecer personas de primera y tercera en función de su estado de salud, coincide con la de aquellas empresas que consideran inocente y no atentatorio contra los derechos civiles exigir un certificado de salud relacionado con el COVID-19. Solo falta la promulgación de una cartilla de personas trabajadoras sanas para que nuestras autoridades autonómicas se cubran de gloria.

Frente a ello, es imprescindible, y UGT no dudará en hacerlo, el ejercicio de aquellas acciones jurídicas de toda índole que sean necesarias para exigir la responsabilidad de aquellos que pretendan implantar sistemas de control atentatorios contra la dignidad de la persona.

Pero UGT entiende que esto no es suficiente. El Gobierno ya se ha pronunciado, pero demasiado tibiamente. Y echamos a faltar organismos con competencias claras en esta materia, como la Agencia de Protección de Datos, proclive a rigurosas interpretaciones de la ley, en ciertos casos, y generosamente callado ante claras vulneraciones de la normativa vigente como la de este descabellado proyecto.

La sociedad civil y las instituciones no pueden estar calladas ante conductas que atentan y agravian de forma absoluta los derechos civiles.