La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores destaca que la Comisión Europea no haya abierto Procedimiento de Déficit Excesivo para España, en la publicación del denominado paquete de primavera y que haya tomado en consideración el gran esfuerzo fiscal realizado por nuestro país en estos últimos años y las proyecciones de déficit situadas en un 3% para final de 2024 y en un 2,5% para el año siguiente, lo que nos situaría por debajo del límite marcado por las nuevas reglas fiscales.

El sindicato considera que se trata de una cuestión muy positiva, puesto que aleja el riesgo de recibir sanciones por incumplimiento por parte de la UE, sin embargo, la Comisión incide en el elevado nivel de deuda que mantiene España y en que, en el análisis de su sostenibilidad no se observan riesgos a corto plazo, pero sí a medio y largo, por el efecto del envejecimiento de la población sobre las pensiones. 

Este análisis resulta un tanto sesgado, dado que tiene en cuenta el aumento de gasto, pero obvia posibles incrementos de los ingresos fiscales derivados de nuevas medidas, y puede hacer que la senda de ajuste recomendada para España en 2025 y años posteriores sea más estricta de lo necesario, - algo que sólo se podrá conocer cuando el Gobierno publique el Plan Nacional el 20 de septiembre-. 

Por otro lado, se reconoce el efecto positivo de la reciente reforma de pensiones, confiando en el control sobre la sostenibilidad que ejercerá la “cláusula de cierre” incorporada en 2023, por la cual el Gobierno, junto con los agentes sociales, trabajarán para corregir aumentos excesivos del gasto en esta partida. Además, la Comisión evalúa positivamente el progreso de España en cuanto a la mejora de algunos de los indicadores que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el descenso del desempleo o de la temporalidad.

Mayor implicación de los agentes sociales en la toma de decisiones  

UGT valora la favorable acogida por parte de la Comisión de las reformas e inversiones implementadas, así como de las medidas exigidas que tienen que ver con una mayor implicación de los agentes sociales en la toma de decisiones que respectan a la sostenibilidad fiscal del país y de las relativas al aumento de recursos para atajar la situación de emergencia social que plantea el cambio climático. 

Sin embargo, existen algunos puntos cuya puesta en marcha debe analizarse con una enorme prudencia, como la subida planteada de impuestos al consumo (como el IVA) que, si bien se señala que debe ir acompañada de ayudas compensatorias específicas para las personas más vulnerables, podría tener un impacto global regresivo. 

Por otro lado, el sindicato exige formar parte del diseño de la senda de gasto que el Gobierno tendrá que presentar a la Comisión en otoño, cuya definición irá acompañada de reformas e inversiones para cumplir con las demandas de la Comisión presentadas en las Recomendaciones Específicas por Países y en una más que probable ampliación del periodo de ajuste de 4 a 7 años, que sólo se permitirá a través de una condicionalidad que promueva alguno o todos los objetivos comunes de la UE. 

Para UGT el establecimiento de estos objetivos para conseguir la ampliación a los 7 años sólo puede realizarse de forma democrática desde la consulta a los agentes sociales y, para ello es necesaria una mayor transparencia y participación en todo el proceso del Semestre Europeo.