En el Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre, la Cumbre Social Estatal se suma a las reivindicaciones de la ONU sobre la promoción del disfrute pleno e igualitario de todas las personas mayores a los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizado a través de unas políticas públicas adecuadas las necesidades de las personas mayores.

Para ello, es fundamental que cuenten con una renta que les permita una vida digna, lo que no está garantizado en la actualidad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017, creció el riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años. Sin duda, estamos ante un efecto directo de la decisión del Gobierno del PP de actualizar las pensiones por debajo del IPC, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Los recortes sociales como la modificación de la protección a la dependencia, la reducción de ayudas y prestaciones sociales, el copago farmacéutico, entre otros, han contribuido a empobrecer a un grupo de población que cada día gana más peso relativo en una sociedad que envejece.

La Cumbre Social Estatal reivindica una política integral de protección y cobertura de las necesidades de las personas mayores, tanto de las que cuentan con un buen estado de salud y que son independientes, con actuaciones como la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo; como de aquellas que necesitan de una atención más intensa e individualizada, por estar en situación de dependencia.

Las políticas relacionadas con la vejez y con el envejecimiento activo deben ser una prioridad en la agenda política, y tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, incrementándose las partidas presupuestarias que permitan ofrecer una mejor cobertura a través de servicios y prestaciones públicas suficientes, y se garanticen sus condiciones de acceso y disponibilidad.

En definitiva, mejorar el bienestar, el buen trato y fortalecer y garantizar los derechos de las personas mayores.