En el monográfico “Presente y futuro de los Servicios Sociales. Reflexiones y Propuestas”, celebrado ayer, 3 de junio, la Cumbre Social Estatal ha debatido sobre la realidad de los Servicios Sociales.

La situación actual provocada por la pandemia, ha puesto de manifiesto las debilidades del Sistema de Servicios Sociales para hacer frente a las consecuencias acumuladas de esta y de anteriores crisis sociales, y corremos el riesgo de salir con mayor desigualdad si no lo reforzamos para que pueda cumplir adecuadamente con sus funciones.

Los recortes sufridos tanto económicos como de profesionales, han mantenido un anémico sistema de protección social incluso cuando los Servicios Sociales están desbordados atendiendo a la población que más lo necesita. Esta política de austeridad ha supuesto la pérdida de la calidad de atención y de la cobertura del Catálogo de los Servicios Sociales públicos, afectando a su acceso, duración y disponibilidad. Unos recortes que sólo se han visto compensados con el esfuerzo y la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras.

Las desigualdades legislativas y de inversión entre las distintas Comunidades Autónomas, ponen de manifiesto que 20.590.821 de personas residen en CCAA donde su Sistema de Servicios Sociales ha empeorado antes de la llegada de la pandemia (año 2019), datos que se verán agravados cuando se analice 2020.

El Gobierno ha adoptado medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no ha tenido los resultados esperados, desarrollando durante 8 meses cuatro RDL, con un proceso farragoso, gestionado desde la Seguridad Social y con un laberinto burocrático de insatisfacción para la ciudadanía y para los profesionales. Pero también ha desarrollado otras medidas más positivas: sanitarias, de violencia de género, penitenciarias, atención a la infancia, declaración de esencialidad de los Servicios Sociales, vivienda, garantía de suministros, o los ERTEs, que han contenido la destrucción de empleo.

Para la Cumbre Social Estatal, la salida no será fácil si no se desarrolla un nuevo marco legislativo para los Servicios Sociales, respetuoso con el Estado de las Autonomías, integrador de los derechos sociales universales, basado en servicios públicos de gestión directa, evaluados adecuadamente, suficientes, de calidad, equitativos, inclusivos e igualitarios, que vayan acompañados de una financiación suficiente y estable, y deje atrás su pasado asistencialista.
El Estado debe garantizar unos ingresos mínimos mediante prestaciones económicas suficientes junto a mecanismos de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social y servicios de atención y cobertura de las necesidades más básicas de las personas.

Tampoco puede entenderse un Sistema de Servicios Sociales de calidad sin empleo estable y cualificado y condiciones de trabajo dignas, sin ratios adecuadas y tasas de reposición que garanticen un volumen de plantilla suficiente. Una calidad que debe ser evaluada y garantizada por las Administraciones Públicas, dando prioridad a la gestión directa de los servicios, siendo la iniciativa privada subsidiaria y complementaria y sometida a los mismos mecanismos de control y auditoría.

Todos estos retos deben abordarse de forma urgente aprovechando las oportunidades que nos ofrece el marco europeo, tanto en base a las Recomendaciones Específicas por país para España de la Comisión Europea, como bajo el auspicio del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), que ponen en valor los Servicios Sociales.
Estas y otras propuestas serán recogidas en el documento final que la Cumbre Social Estatal está elaborando sobre la base de los debates monográficos organizados durante el primer semestre del año