La Cumbre Social Estatal reclama una estrategia integral para reducir la pobreza
Fecha: 15 Oct 2018
Con motivo del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Cumbre Social Estatal reclama al Gobierno una estrategia integrada que permita erradicar la pobreza y la exclusión social, y que aborde cambios estructurales en materia de rentas, empleo, pensiones, derechos civiles, vivienda, energía y políticas sociales. Debe instaurarse un marco de derechos sociales y prestaciones económicas que cubra las necesidades más esenciales de las familias, y especialmente de las niñas y los niños, así como de las personas mayores. Ha de establecerse una Prestación de Ingresos Mínimos para garantizar que las personas sin empleo y sin unos recursos económicos mínimos puedan atender sus necesidades más esenciales y las de los familiares a su cargo.
Existen en España 12.400.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según el índice europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), medido a través de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. En porcentaje esta cifra supone en 2017 el 26,6% de la población, 4 puntos porcentuales por encima de la media europea (22,5%), lo que nos sitúa en la séptima posición de países con niveles más altos de riesgo de pobreza. Estamos por encima de Hungría, Portugal o Polonia.
Las familias con menores a su cargo, los jóvenes, los inmigrantes, las mujeres o las personas desempleadas tienen mayor riesgo de pobreza. Pero el empleo no es suficiente si no garantiza unos ingresos mínimos, según el indicador europeo sobre pobreza en el empleo (in-work poverty). En 2017 el 13% de las personas empleadas en España estaban en riesgo de pobreza, 2,3 puntos más que en 2012, según los datos de Eurostat. La pobreza en situación de empleo es especialmente elevada cuando se tiene un contrato temporal (23% de ellas estaban en riesgo de pobreza) o a tiempo parcial (27% de las personas con contratos por horas se hallaban en riesgo de pobreza).
Para la Cumbre Social, la pobreza tiene que ser una prioridad en la agenda política, y debe tener su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2019