Acto público por el derecho a huelga

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, el Coordinador de la plataforma Turespuestasindical.es, Rubén Ranz y Jerónimo Blanco, de los 5 de Arcelor, han participado hoy en un acto público por el derecho de huelga organizado por UGT, CCOO y la Comisión Internacional en defensa de los 300 procesados por huelga en España.

En el acto han intervenido además procesados por huelga, abogados, responsables sindicales, políticos, y dirigentes sindicales de otros países que apoyaron las campañas “Huelga no es delito” y “Yo soy piquete” contra el ya derogado artículo 315.3 del Código Penal que imponía penas de cárcel por participar en huelgas.

Dicho artículo, no había sido aplicado prácticamente durante más de 15 años, hasta la llegada de los Gobiernos del Partido Popular a partir del año 2012, cuando se produjo un cambio interpretativo propiciado de forma generalizada por la Fiscalía para utilizarlo contra los sindicalistas que participaban en piquetes.

Cerca de 300 sindicalistas, entre los que se encuentran casos como los de la Federación de Hostelería de UGT, Arcelor, Airbus y un largo etcétera, se vieron amenazados de cárcel por ejercer el derecho de huelga en defensa de los trabajadores y algunos de ellos llegaron a entrar en prisión.

Intento de criminalización del derecho de huelga

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha subrayado que “son más de 300 los sindicalistas que han sufrido persecución y que afrontaron la durísima situación de verse señalados como delincuentes y todo por hacer huelga para oponerse a cosas como la reforma laboral de 2012, que ha laminado las condiciones laborales de los trabajadores”.

Cristina Antoñanzas ha subrayado que durante casi una década los sindicatos han realizado todo tipo de iniciativas y movilizaciones para “conseguir la derogación del artículo 315.3, combatir los intentos de criminalizar el ejercicio del derecho fundamental a la huelga ante la opinión pública, y apoyar a las personas encausadas por este motivo”.

Antoñanzas ha destacado que “se usó el Código Penal y otras normas, como la Ley Mordaza, para desmantelar las libertades públicas e impedir que la ciudadanía expresara su rechazo a las actuaciones del Gobierno por ello la derogación, el pasado 14 de abril, del artículo 315.3 del Código Penal supone una victoria de la democracia, una victoria de las libertades que puso punto final a la criminalización del derecho constitucional a la huelga, el derecho de los trabajadores a movilizarse pacíficamente para mejorar sus condiciones de vida”.

“Precisamente”, ha añadido, “hace unos días el Tribunal Europeo de Derechos humanos, en una sentencia dictamina que el derecho a huelga tiene prioridad sobre las libertades económicas del mercado único. Mediante la huelga se han conseguido derechos sociales y laborales que han hecho más libres a los trabajadores y trabajadoras”.

“La derogación del 315 supuso un paso muy importante para la regeneración democrática de nuestro país, pero hay que continuar restituyendo derechos y libertades e insistir en la derogación inmediata de la Ley Mordaza. Quienes temen que la ciudadanía se exprese libremente, se manifieste libremente, cree libremente, o rapee libremente tendrán que aguantarse porque la libertad, si no es de todos, no es libertad”.

Instrucciones políticas

El Coordinador de la plataforma Turespuestasindical.es, Rubén Ranz, fue enjuiciado por hacer de piquete en la Plaza de la Lealtad de Madrid durante la huelga de 2012 contra la reforma laboral del Partido Popular. Ranz, mediador laboral, ha recordado que “el momento de la detención fue muy dura. La Fiscalía nos pedía 7 años de cárcel por hacer de piquete en una huelga, algo insólito. El juicio fue cinco años después, y ese camino fue una tortura. Es difícil explicarle a tu familia, a tu hijo, lo que estaba pasando”.

Por ello, cuando se derogó el artículo 315.3 el pasado día 14, sintió “gratitud y un alivio inmenso. Era la culminación a casi diez años de lucha contra este artículo injusto que obedecía a instrucciones políticas”. “Ahora hay que derogar la Ley Mordaza y las reformas laborales, que fueron el inicio de estas movilizaciones” ha añadido.

Condenas injustas

Jerónimo Blanco, de los 5 de Arcelor, ha contado su experiencia durante la huelga general del 12 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del PP cuando fue encausado por “coacciones y lesiones” a un miembro del Comité de Empresa.
Blanco ha explicado que la Fiscalía actuó como acusación sin poder aportar ni una sola prueba que determinase que los acusados estaban en el lugar de los hechos en el momento del incidente y, sin embargo, la defensa aporto 10 testigos (de los que el juez sólo admitió 4) que juraron que los acusados no amenazaron ni coaccionaron a nadie, unas declaraciones que no fueron tenidas en cuenta por el juez, que los condenó injustamente. A partir de ahí, comenzó su periplo en la justicia hasta llegar a Estrasburgo para que se reconociera su inocencia.

Blanco ha destacado que se trató de “una estrategia política absolutamente desproporcionada para limitar un derecho fundamental como es el derecho de huelga reconocido por la Constitución Española.