La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha señalado que a pesar de los esfuerzos por mejorar el flujo transfronterizo de información en materia de Seguridad Social, la complejidad de los procedimientos burocráticos obstaculiza una respuesta rápida y ágil a las necesidades de los solicitantes. Es por ello por lo que hay que agilizar la digitalización de la Seguridad Social, un proceso que se inició hace ya más de una década y que es necesario impulsar.

Además, hay que elaborar, cuanto antes, un plan de acción viable sobre la aplicación de la digitalización en la coordinación de la Seguridad Social. En este contexto, es esencial resolver la exclusión digital que se produce en los distintos Estados miembros. “Para UGT es muy preocupante la situación de las personas que se encuentran en situación de exclusión digital y que la Comisión no aborde específicamente este problema”.

Barrera ha manifestado que la digitalización de la Seguridad Social por sí sola no basta para eliminar los obstáculos a la libre circulación de las personas trabajadoras en la UE y ha pedido que la Comisión Europea acometa, en paralelo, la reforma del Reglamento 883/2004, pendiente desde 2016.

Ha valorado como muy positiva la iniciativa de crear una tarjeta de identidad digital (ESSPASS) para almacenar los documentos necesarios para los desplazamientos interestatales. No obstante “se debe respetar el derecho de las personas cubiertas por los reglamentos de coordinación de la Seguridad Social a no estar obligadas a comunicarse o identificarse ante las administraciones de SS por medios electrónicos”.  Así, el sistema de intercambio de información entre las instituciones de los distintos Estados miembros debe, por una parte, permitir la plena identificación de las personas; y por otra parte, se debe tener en cuenta la protección de datos.

Pese al paso del tiempo, la tarjeta electrónica no ha alcanzado aún su plena capacidad operativa, ya que la Comunicación de la Comisión indica que se espera alcanzar este objetivo a finales de 2024. Ha pedido una legislación para garantizar el éxito del proceso y para el correcto reconocimiento de los derechos, que sea operativa y entre en vigor lo antes posible.

Barrera ha destacado el elevado riesgo de los ciberataques y ha demandado “reforzar los sistemas informáticos pertinentes a nivel europeo, con medidas de prevención y seguridad más sólidas. En este sentido, ha puesto en valor el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El objetivo es “procurar crear un clima de confianza entre los ciudadanos para que entiendan que sus datos están plenamente protegidos y que no serán utilizados para fines no deseados”.