UGT presenta un informe que pone de manifiesto las presiones de las plataformas digitales para dejar en la mínima expresión esta ley

La Unión General de Trabajadores considera que la “Ley Rider”, que se aprueba mañana en Consejo de Ministros, es una ley positiva pero manifiestamente insuficiente para la realidad y las necesidades de las personas trabajadoras de este sector. Para el sindicato, el Gobierno tenía la oportunidad de avanzar en esta situación y regular profundamente el sector, pero ha sucumbido a la presión y el lobby de las plataformas, dejándola en su más mínima expresión. 

Así lo manifiesta el sindicato en su “Análisis de la presión política y social de las plataformas de reparto”, que ha presentado en el día de hoy el Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, junto al delegado de UGT en Deliveroo, Felipe Díez, y al rider, Fernando, delegado sindical de UGT en Glovo  donde refleja dos aspectos fundamentales de la nueva Ley Rider: la traslación de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020, en la que se establece que los trabajadores de las plataformas son trabajadores asalariados y, por otro lado, la posibilidad de que los representantes sindicales accedan a los algoritmos laborales que organizan el trabajo.

Sin embargo, el sindicato señala que el Gobierno debe completar de manera más exhaustiva esta ley de mínimos, por lo que UGT mantendrá su acción sindical en las empresas para vigilar el cumplimiento de la normativa y la defensa de los derechos laborales ante los abusos de estas plataformas. 

El sindicato denuncia que estas empresas han ido creando asociaciones en torno a grupos de trabajadores afines, dispuestos a defender este modelo liberal y abusivo, intentando legitimar la desregulación laboral de las plataformas con las personas repartidoras. Ante la crisis generalizada del mercado laboral, las plataformas han logrado generar un escenario donde el trabajo precario y fraudulento parece una opción viable. Esto les ha permitido plantear que la regulación sería una amenaza para la única fuente de ingresos a la que pueden acceder los repartidores y repartidoras. 

Para UGT, esto es un tremendo toque de atención al Gobierno y a la Unión Europea. No se puede permitir la hegemonía del mercado en asuntos de derechos, porque lleva a extremos como estos. Es una campaña que busca legitimar un modelo de trabajo que transgrede los derechos básicos. Un movimiento ultraliberal que entiende cualquier modo de organización política del mercado como una intromisión autoritaria. Se trata de una corriente realmente fanatizada, que en Europa había sido controlada por el Estado del Bienestar y el resguardo de los derechos básicos, pero que ha sabido aprovechar las diversas crisis para ir ganando cada vez más terreno y transformar progresivamente los modos de entender el trabajo y su regulación, ante lo que hay que actuar con más acción sindical, más denuncias y más control en las empresas. 

Las plataformas digitales, una fuente de desregulación sin límites

Durante la rueda de prensa, UGT ha recordado que desde 2015 se han ido creando plataformas de reparto que han hecho crecer a pasos agigantados el mercado donde operan, librando una competencia voraz por intentar controlarlo. En la carrera, han caído en prácticas abiertamente ilegales, haciéndose conocidas por mantener a los repartidores como falsos autónomos de modo generalizado. 

A pesar de contar con más de 40 sentencias en contra, han logrado hacerse con parte del mercado de nuestras ciudades. Van contra la ley y aceptan el coste económico que esto supone para, poco a poco, ir sembrando el terreno que les permita legitimar su modelo y presionar a los distintos gobiernos, buscando modificar las leyes a su favor. 

De esta manera, UGT denuncia que cuando se han visto acorraladas por las diversas sentencias y la inminente regulación del sector, estas empresas han acudido a un recurso inesperado: el apoyo de los propios repartidores. Para ello, la patronal, Adigital, hizo un informe donde explicaba que, si efectivamente les obligaban a cumplir la ley, prácticamente el 80% de los repartidores perdería su fuente de ingresos. Desde ese momento, han ido surgiendo asociaciones de trabajadores que defendían a ultranza el modelo creado por las plataformas, intentando impedir cualquier introducción de normas mínimas en el sector. Bajo ese objetivo, han estado dispuestas a utilizar todo tipo de medios, cayendo deliberadamente en la persecución y represión sindical. 

Unas asociaciones que han sido cuidadosamente tuteladas por las empresas, que han estado dispuestas a hacer lo que sea con tal de legitimar su negocio ante la sociedad. Todo esto ha generado un movimiento que ejerce represión sindical para acallar las voces disidentes, transmitiendo un mensaje radicalmente liberal y desestabilizador, propio de la ultraderecha. Como ejemplo, las plataformas digitales de reparto firmaron un Acuerdo con el sindicato italiano UGL, de extrema derecha, que nació del grupo neofascista Movimiento Social Italiano (MSI).  

Las asociaciones de repartidores han fomentado la polarización y el fanatismo, intentando acallar a quienes defienden la legalidad

UGT recuerda que desde que en 2017 Deliveroo sufriera diversas denuncias de las repartidoras y repartidores, estos han ido creando distintas acciones para intentar ser escuchados por la empresa y negociar, pero la única respuesta que han obtenido ha sido desconexiones injustificadas y el incremento de la vigilancia en el trabajo a través de la plataforma. 

La empresa promovió la Asociación Española de Riders Autónomos (AsoRiders), promocionándola entre las personas repartidoras bajo la promesa de más horas para trabajar, vacaciones garantizadas y no penalizadas -aunque no pagadas- y otras mejorías en las condiciones de trabajo, con el fin de representar una mayoría que manifestara su deseo de seguir siendo autónomo. Además, para legitimar la alianza ante la sociedad, firmaron un Acuerdo de Interés Profesional (AIP), que consagró varias desigualdades del modelo de trabajo, marcando claros retrocesos en el camino por conquistar la plenitud de los derechos laborales.
 
El resto de plataformas han hecho lo mismo, con asociaciones como la Asociación Profesional de Repartidores Autónomos (APRA), bajo el auspicio de Stuart y Glovo, o la Asociación Autónoma de Riders (AAR), de Deliveroo también, que lo único que han hecho es fomentar la polarización y el fanatismo, acallando a quienes defienden la legalidad, como cientos de repartidores y como UGT. De hecho, la dirección de Glovo, en una videoconferencia realizada para más de 900 repartidores al mismo tiempo que el Dialogo Social que se estaba llevando a cabo, sin representantes de los riders e infravalorando la presencia de los sindicatos y de la propia negociación, indicó que los repartidores se tenían que afiliar a las asociaciones que defienden el modelo del trabajo autónomo en las plataformas y que se tenían que manifestar contra la ley rider si querían mantener sus puestos de trabajo. Esta injerencia empresarial ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por vulnerar la Libertad Sindical. El juicio se celebrará el 17 de junio.

La crisis sanitaria ha agravado esta situación. Las plataformas han precarizado aún más las condiciones de trabajo de los repartidores y repartidoras, que fueron declaradas servicio esencial y se transformaron en una vía privilegiada para intentar mantener activo el comercio y la hostelería. En este sentido, explotaron la oportunidad al máximo, subiendo las tarifas a los locales por cada transacción; intensificaron los modos de trabajo de los repartidores; Glovo comenzó a coordinar el trabajo desde Perú (aunque estaba en ERTE), al tiempo que los mismos empleados vendían las horas de trabajo a los repartidores; no entregaron EPIs, aunque dijeron en todos los medios que sí; Deliveroo accedió a un ERE para trasladar la actividad de las oficinas centrales fuera de España.

Por todo ello, resulta imprescindible regular de manera eficiente este tipo de prácticas, que lo único que fomentan es la desregulación de derechos laborales y el fraude tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Para UGT, es fundamental establecer una norma a nivel europeo. Estas plataformas no conocen fronteras, y los países deben unirse para terminar con la impunidad de unas empresas que solo miran por sus beneficios a costa de amenazar las condiciones y los derechos de las personas trabajadoras.

► Informe: "Análisis de la presión política y social de las plataformas de reparto"