Una reunión en la que ha considerado que, “ante el enorme desafío que supone el cambio climático, las empresas y los trabajadores y trabajadoras deben de disponer de canales adecuados para participar en los esfuerzos de apoyo a la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático”. 

De esta forma, ha afirmado que “la negociación colectiva es una herramienta clave que puede ayudar a empresas y personas trabajadoras a afrontar los retos de la crisis climática, incluidos los costes derivados para las empresas. Las cuestiones ecológicas en la negociación colectiva son cláusulas negociables en los convenios colectivos que tienen un efecto directo e indirecto sobre el medio ambiente”.

Para Barrera, “la sociedad civil puede ayudar a encontrar soluciones democráticas a los retos y problemas derivados de la política para la transición verde, pero también puede contribuir a ella participando en el diseño e implementación de medidas justas para garantizar que las transiciones verdes sean socialmente justas. Unas transiciones que están teniendo un evidente impacto en el empleo y las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Por tanto, su impacto en el empleo y en la cohesión territorial y social, la creación de puestos de trabajo, las transiciones entre diferentes sectores de actividad y la formación y reciclaje de los trabajadores, la especial vulnerabilidad de los trabajadores de mayor edad, la seguridad y salud en el trabajo, la movilidad en las ciudades para acceder los lugares de trabajo, y la eficiencia energética en la actividad productiva y en el desempeño del trabajo son temas que pueden ser abordados en la negociación colectiva, prestando siempre la debida atención al género”.

Implicar a todos los niveles de la negociación colectiva para lograr una economía verde

Mari Carmen Barrera ha manifestado que, hasta el momento, “la UE y los Estados miembros tienen una experiencia limitada, y muy inconsistente, en la negociación colectiva verde. En marcado contraste con la transición digital”. Por ello, ha reclamado a la UE y sus Estados que “sigan apoyando acciones e iniciativas que incentiven a los empresarios y trabajadores a adaptarse a la transición ecológica y que consideren desarrollar, entre otras medidas, un concepto de empleados designados que actúen como representantes de la transición medioambiental o puntos de contacto, para asuntos relacionados con la transición ambiental y ecológica del lugar de trabajo”. 

Además, ha afirmado que es fundamental “la formación ambiental en forma de formación profesional, y considerar mejorar las formas de participación de los representantes de los trabajadores en un órgano como el comité medioambiental, así como los derechos de información y consulta. Dada la escala y complejidad del desafío, es necesario involucrar a todos los niveles de la negociación colectiva -sectores y empresas, UE y estado, e incluso internacional- para lograr una economía productiva verde”.