La secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, interviene en la jornada del Consejo Económico y Social de Castilla y León de presentación del informe: “El sistema de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León”, aprobado por unanimidad del Pleno del Consejo el 3 de febrero de 2023

Una jornada en la que ha puesto en valor la solución extrajudicial de conflictos, “de la que somos parte desde que firmamos el primer Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASAC) el 25 de enero de 1996. Actualmente, nos encontramos en plena vigencia del VI Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos, en el que hemos incorporado materias fundamentales como el impulso de la negociación colectiva o la inclusión al modelo de las Administraciones Públicas”.
 
En este sentido, ha señalado que “UGT defiende que, en la gestión del conflicto laboral, la premisa principal se basa en mantener la continuidad de la negociación colectiva como forma de superación del obstáculo, poniendo en valor el diálogo como una manera de buscar la satisfacción de las partes en su obtención de resultados equilibrados. El consenso y el acuerdo deben ser un verdadero método leal y eficaz para solventar el conflicto”.  
 
Proteger los sistemas de solución extrajudicial de conflictos
 
Durante su intervención, la secretaria confederal de UGT ha afirmado que el SERLA “es la herramienta adecuada para no solo solventar los conflictos sin pasar por la jurisdicción social, sino también para buscar soluciones que respondan a intereses generales y no a intereses particulares de las partes”.

Sin embargo, “esta visión no es compartida por todos y todas, ya que los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León pretende acabar de manera drástica con este sistema que lleva facilitando el acuerdo entre trabajadores y empresas durante décadas. La ultraderecha pretende, de manera abierta, atacar y destruir la negociación colectiva”.
 
“El diálogo social y el papel de los interlocutores sociales son valores recogidos en un lugar privilegiado del texto constitucional. La negociación colectiva es una herramienta de la sociedad para la búsqueda de su propio bienestar social y debe seguir presente en la misma”, ha resaltado.
 
Estos sistemas son positivos para reducir el atasco judicial actual
 
Además, Patricia Ruiz ha denunciado “el dilatado retraso que están sufriendo los Juzgados de lo Social y las Salas de lo Social en nuestro país. De los 371 juzgados de instancia social, en los llamados procedimientos ordinarios, un 30% de los juzgados examinados tienen señalamientos superiores a los 18 meses. Los plazos de resolución son excesivamente dilatados dando lugar, por un lado, al posible incumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española y, por otro lado, a una enorme injusticia debido a que las personas trabajadoras deban esperar más de dos años para ver solventadas sus demandas judiciales”.
 
Por ello, ha anunciado que “UGT ha propuesto al Ministerio de Justicia la puesta en marcha y aprobación de la Ley de Eficiencia Procesal, la cual debe incluir un apuesta y potenciación clara de los sistemas de solución autónoma de conflictos para reducir el atasco judicial actual”.
 
En este sentido, ha afirmado la necesidad de que “el gobierno de Castilla y León permita que los conflictos sigan resolviéndose con ayuda de los mediadores, solo así se podrán seguir evitando huelgas y conflictos encallados, además de evitar la saturación de los juzgados y el colapso de la Inspección. Sin este servicio de mediación, las relaciones laborales sufren un ataque frontal y las consecuencias serán visibles en las empresas, en los trabajadores y en la sociedad en su conjunto”.