Gonzalo Pino y Adela Carrió intervienen en una jornada en la sede del Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas

El Secretario de Política Social de UGT, Gonzalo Pino, ha reclamado “garantizar la contratación efectiva en el empleo de las personas con discapacidad a través de la negociación colectiva, mediante el compromiso de las empresas de emplear a trabajadores y trabajadoras con discapacidad, atendiendo a factores como las características de los sectores y las empresas, las capacidades de los trabajadores y la posible adaptación de los puestos de trabajo”.

Gonzalo Pino ha realizado estas declaraciones durante el seminario sobre el papel de la negociación colectiva en materia de inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y no discriminación que se celebra en la Sede del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en Bruselas, donde ha recordado algunos datos importantes en materia laboral sobre este colectivo.

“En 2017, casi dos millones de personas entre los 16 y los 64 años tenían un certificado de discapacidad, lo que representa el 6,2% de la población en edad de trabajar. La tasa de actividad de este colectivo es del 35%, casi 43 puntos por debajo de la población sin discapacidad; la tasa de empleo está en el 25,9%, cerca de 39 puntos menos que la general; la tasa de paro es del 26,2%, cuando en 2017 se situaba en el 17,1% para la población sin discapacidad; el 65% de las personas con discapacidad en edad de trabajar (más de 1,2 millones de personas) son inactivas; y los contratos registrados con estos trabajadores y trabajadoras representan solo el 1,43% de toda la contratación registrada”, ha señalado.

Datos que evidencian que “no se están realizando políticas dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad. Por ello, el objetivo de UGT tiene que ser conseguir esta inclusión para lograr la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, una igualdad de oportunidades, de participación en el mercado de trabajo en las mismas condiciones que el resto y en conseguir un mercado de trabajo inclusivo”.

En este ámbito, para Gonzalo Pino, la negociación colectiva tiene que “mejorar la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva del 2% por parte de las empresas de más de 50 trabajadores; realizar los ajustes necesarios para la correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad; facilitar la transición de los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo al empleo ordinario; garantizar que las empresas colaboradoras tengan un enclave laboral con instalaciones y puestos de trabajo adecuados; y mejorar las perspectivas de empleo de este colectivo”.

Además, ha reclamado al Gobierno que impulse el diálogo social en esta materia. “UGT no participa desde hace muchos años en las políticas de discapacidad con los distintos gobiernos. No tenemos ni participación ni representación institucional, ni en las estrategias ni en los planes de acción para el empleo de las personas con discapacidad”, ha denunciado.

Por ello, ha exigido las modificaciones de los artículos 52.d y 49.2.e del Estatuto de los Trabajadores, “relativos a eliminar de los motivos del despido las situaciones vinculadas a la salud de la persona con discapacidad y a la extinción del contrato cuando el trabajador deviene una gran invalidez, una incapacidad permanente total o absoluta; el impulso de medidas normativas que garanticen entornos laborales accesibles; un incremento de la actuación de la Inspección de Trabajo; y acciones que fomenten el acceso en igualdad al empleo público”.

Una verdadera inclusión dentro de los derechos humanos

La jornada ha sido clausurada por la Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, que ha denunciado que el empleo y la contratación de las personas trabajadoras con discapacidad “suele ser de baja calidad, reflejándose no solo a través del tipo de contrato, sino también en las condiciones en que se desarrolla su tarea. Todo esto desalienta a las personas con discapacidad en su deseo de conseguir un puesto de trabajo”.

Por ello, ha señalado que la acción sindical de UGT “se enmarca dentro de un plan para la integración laboral de las personas con discapacidad. Lograr de manera efectiva que las políticas abarquen y atiendan las necesidades de las personas con discapacidad”.

“La verdadera inclusión debe contextualizarse dentro de los derechos humanos”, ha afirmado. “Urge un replanteamiento global de todas estas políticas en consonancia con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Todo ello en la necesidad de que las trabajadoras y trabajadores con discapacidad “formen parte de las plantillas de nuestras empresas mediante el cumplimiento de la cuota de reserva, la adecuación de los puestos de trabajo, el acceso a la formación y las medidas necesarias para facilitar su inserción”.