Los retrocesos que se habían registrado desde los momentos más críticos de la pandemia, tanto en el número de personas en teletrabajo como en su porcentaje relativo sobre el total del empleo, se han ido revertiendo como consecuencia de los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva.

Así, en el último trimestre de 2023 se vuelve a superar los 3 millones de personas teletrabajando, una cifra no vista desde principios de 2021 y que dobla a la registrada antes de la pandemia (1,44 millones en 2018).

Además, este volumen se acompaña de una ostensible mejora en cifras relativas:  2023 acabó con un 14,4% de ocupados que trabajan en su domicilio particular. Se trata de un incremento de 1,6 puntos, el mayor desde 2021. Y lo que es más positivo: es un porcentaje similar al consignado en otoño de 2020, en plena Covid19.

Estos incrementos sitúan a nuestra economía a la altura de últimos datos disponibles para Alemania, superando además a países con un tejido productivo mucho menos volcado en el sector servicios y en sectores turísticos u hosteleros, como Austria o Suiza.

Acción sindical de UGT

Esta evolución positiva es la consecuencia directa del esfuerzo realizado por UGT en los diferentes convenios colectivos que se han ido acordando a lo largo de 2023. Las cifras no dejan lugar a dudas: a pesar de la renuncia de muchos empleadores, el año pasado se firmaron 181 nuevos convenios colectivos que regulan el trabajo a distancia, un 20% más que 2022 y un 364% más que antes de la irrupción de la pandemia. 

El V AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), firmado el pasado 10 de mayo de 2023, dedica un capítulo exclusivamente al Teletrabajo, asumiéndose que los convenios deben implementar cláusulas que desarrollen el Teletrabajo en las empresas. Esto nos empuja a seguir normalizando esta forma de prestación laboral en las normativas laborales, cumpliendo así con todos los preceptos legales establecidos por ley, superando las numerosas reticencias de muchas compañías y sectores, que no sólo son refractarias a su puesta marcha, sino que además tienden a un sistemático incumplimiento de sus obligaciones legales en términos de compensaciones, contrato, dotación de medios, derechos o tiempo de teletrabajo.