La OCDE, como UGT, también reclama impuestos excepcionales a las eléctricas

Fecha: 16 Mar 2022

El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, afirmó durante su intervención en el Fórum Europa que “los grandes beneficios que las empresas energéticas están obteniendo aumentando los precios, autorizan a los Estados a incrementar la imposición sobre las rentas que éstas obtienen” En este sentido, consideró que con los ingresos fiscales extraordinarios que se conseguirían, los gobiernos podrían implementar medidas destinadas a mitigar el dramático impacto que las subidas de precios tienen en las personas consumidoras.

La OCDE apoya así las reivindicaciones de UGT y CCOO, que hoy han anunciado en rueda de prensa que el próximo día 23 de marzo convocarán movilizaciones en todo el país para reclamar a la UE y a los gobiernos que actúen contra esta escalada indecente de los precios de la energía en toda Europa, que ha intensificado el debate sobre las reglas que afectan al funcionamiento de este mercado, y con ello a su sistema de fijación de precios, a la imposición sobre los beneficios de las empresas productoras y a las medidas que han de implementarse para mitigar, reducir o acabar con los costes medioambientales, sociales y productivos del actual modelo.

Para UGT, la excepcionalidad que vive Europa ha vuelto urgente la necesidad de actuar en este sentido. Por ello, el sindicato valora las distintas posiciones de la Comisión Europea, dirigidas a fijar precios minoristas de la luz para hogares y pequeñas empresas o a parar la espiral inflacionista de los precios energéticos, desconectando los precios del gas de los del resto de energías, entre otras cuestiones.

UGT señala que para nadie pasan hoy desapercibidos los extraordinarios beneficios de quienes se lucran, incluso obscenamente, con un bien de primera necesidad, la energía, aprovechando incluso los efectos de la guerra y del conflicto geopolítico. Gravar los beneficios de estas empresas, en lugar de subvencionarlos con recortes impositivos, es lo mínimo que los Estados miembro de la UE pueden y deben hacer en el corto plazo, habilitando con estos recursos obtenidos ayudas a los grupos poblacionales más afectados y con mayor vulnerabilidad económica y social. Y en paralelo, tal y como reclama UGT, urge abordar ya una reforma integral del sistema de fijación de precios del sector eléctrico y comenzar a diseñar una nueva estrategia de inversiones que, soportadas financieramente por el músculo fiscal común de la Unión, implementen proyectos de energía verde y sostenible. 


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Fuente: UGT