La reducción de jornada, en línea con la necesidad de un nuevo contrato social
Fecha: 13 May 2021
► Pepe Álvarez asegura, en la clausura de las Jornadas Confederales "Por una Jornada Laboral de 32 horas semanales" que esta propuesta, que UGT llevará a su 43 Congreso Confederal, aporta progreso, bienestar, igualdad, beneficios sociales y mejora la productividad y la competitividad de las empresas.
► Cristina Antoñanzas, durante la apertura, destaca que "la reducción de jornada precisa de cambios legislativos, pero, también, de un cambio en la cultura empresarial y debe producirse sin merma de los salarios".
► Alberto del Pozo, moderador, señala que "UGT quiere estar en la vanguardia de esta política esencial que marcará la acción política y económica en las próximas décadas".
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “este es el momento dar un paso adelante en relación con la reducción de jornada hasta las 32 horas semanales”, una medida que permitirá avanzar en la igualdad, y con la que ganaría el medio ambiente, la justicia social, con más y mejores empleos, y la formación de las personas trabajadoras, que contarían con tiempo para reciclarse. Además, supondría una mejora de la productividad en nuestro país y de la competitividad de las empresas y mejoraría la seguridad y salud laboral. “Es una medida que aporta progreso, bienestar, igualdad, aborda todas las cuestiones importantes desde el punto de vista social y hace una aportación muy importante a la productividad de nuestro país”- ha señalado.
Álvarez, que ha hecho estas declaraciones durante la clausura de las Jornadas Confederales: “Por una Jornada laboral de 32 horas a la semana”, ha afirmado que “estamos absolutamente convencidos de que esta propuesta se va a abrir camino. Nosotros como sindicato lo llevaremos al 43 Congreso Confederal, pero también, a todas las plataformas reivindicativas de los convenios colectivos y en las negociaciones con el Gobierno para que, en un plazo no tan largo, pasemos de la jornada de 40 horas a la jornada de 32 horas semanales”.
Asimismo, ha instado a las “fuerzas políticas que concurren a las elecciones a que empiecen a decir qué van a hacer con la jornada legal y si están dispuestos a que las 32 horas semanales, se plasme en una modificación legal, estableciendo una jornada máxima en nuestro país”.
Álvarez ha reiterado que es preciso controlar el exceso de horas extras, algunas ni siquiera se pagan, e impulsar inspecciones en las empresas para vigilar el cumplimiento del registro horario. Pare ello hace falta aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo.
Ha aclarado que “hablar de 4 días de trabajo ayuda mucho a visualizar de qué estamos hablando, pero que ésta no es una propuesta cerrada”. El objetivo es la reducción del tiempo de trabajo.
Durante la apertura, la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas ha afirmado que el sindicato lleva años planteando esta propuesta, pero que hoy cobra una importancia especial, pues “la crisis del COVID-19 ha sacado a la luz las profundas cicatrices económicas y sociales que provocaron las políticas de austeridad, que han generado una involución social, laboral y democrática”.
Un modelo desequibrado, que hay que corregir
Antoñanzas ha recordado la última década se ha basado en un modelo de crecimiento insostenible, que ha elevado las desigualdades sociales. Ha recordado que desde 2008 hasta 2019, las rentas empresariales crecieron 2,6 veces más que las salariales, que no recuperaron los niveles pre-crisis hasta 2018. Y que en 2019 las empresas superaron en un 30% a los dividendos distribuidos en 2008.
“El retroceso social se ha cebado sobre la población más vulnerable y España registra la cuarta mayor caída de la renta de los hogares de toda la UE”
Ha dicho que “las últimas reformas laborales, en especial la de 2012, han intensificado este modelo económico y laboral que se basa en la exclusión, desigualdad y precariedad”.
Una situación que se ha agudizado durante la pandemia. En este sentido, ha recordado “los miles de despidos planteados en entidades financieras, a pesar de que fueron rescatadas con miles de millones de euros, o en grandes corporaciones con enormes beneficios y retribuciones estratosféricas de sus ejecutivos”. Algo que refleja que “los trabajadores ocupan el último eslabón a la hora de beneficiarse del progreso económico. Las mejoras de la productividad no se han traducido en mejoras salariales, ni en una reducción del tiempo de trabajo”.
Acabar con las horas extra e implementar la reducción de jornada
Antoñanzas ha destacado que “han pasado más de 100 años desde que se lograse la jornada laboral de 40 horas semanales y en lugar de rebajar ese umbral todavía se produce un uso abusivo de las horas extras”. Así, en la última década, el promedio de horas extras ascendió a un total de 300 millones de horas anuales, la mitad de las cuales fueron sin pagar. Esto equivale a 150.000 puestos de trabajo, lo que refleja la ineficiencia a la hora de organizar y distribuir las horas de trabajo.
Además, un 44% de los ocupados realizan jornadas de entre 40 y 48 horas; notablemente por encima de países como Alemania (35,6%), Países Bajos (23,2%) o Francia (17,6%), según los datos de Eurostat.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en España hay más de 3 millones y medio de personas en desempleo.
Las ventajas de reducir la jornada
La Vicesecretaria General de UGT ha señalado que “la reducción generalizada de la jornada legal de trabajo resulta esencial para reequilibrar un mercado laboral enfermo y contribuirá a revertir el tremendo e injusto retroceso que han experimentado los trabajadores.
Menos horas de trabajo supondrá una mejora de la salud y del bienestar de las personas trabajadoras, pero además es un mecanismo de creación de empleo que debe vincularse a la formación para afrontar los retos económicos pendientes, como la digitalización.
Ha dicho que más allá de los cambios legales, la reducción de la jornada laboral, precisa de “una nueva cultura empresarial, que asuma formas de organización de las horas de trabajo más eficientes” y que “el proceso de negociación colectiva es crucial, para que se concrete la medida en cada sector y empresa”.
Ha precisado que “la reducción de jornada no debe suponer merma de los salarios” y que “la mejor organización del tiempo efectivo de trabajo y la reducción de la siniestralidad permitirán a las empresas mayores niveles de productividad”.
Urge un nuevo contrato social más justo
Antoñanzas ha finalizado su intervención destacando que UGT seguirá aportando propuesta que incidan directamente sobre la calidad de vida de las personas trabajadoras, y en especial, sobre los menos favorecidos, los que sufren mayor precariedad. Y ha defendido que se constituya “un nuevo contrato social, que ponga la justicia social en el centro de la toma de decisiones políticas y económicas. Y esta medida camina en ese sentido”.
UGT a la vanguardia de esta propuesta
Tras la apertura el moderador de la jornada, Alberto del Pozo, Coordinador de Economía del Servicio de Estudios de UGT, ha puesto en valor el panel de ponentes que configuran este debate y la transcendencia de esta jornada.
Para UGT esta propuesta es muy relevante porque “aborda una política de futuro, que va a determinar la acción sindical, política y económica probablemente para las próximas décadas. Es inexorable y va a suceder. Y el sindicato quiere ponerse en la vanguardia de esta política, como en otras que se van a llegar al 43 Congreso Confederal del sindicato”.
Ha señalado que esta “es una jornada de debate, de reflexión y explicación de las medidas, pero también es proactiva, porque el panel de ponentes que tenemos ven esta propuesta como una oportunidad para ganar espacio de empoderamiento para las personas trabajadoras y para reequilibrar el modelo de relaciones laborales y el sistema económico en el que nos desenvolvemos”.
Entre los ponentes figuran: Agnieszka Piasna, ETUI- PhD University of Cambridge; Jon Bernat Zubiri, Universidad del País Vasco; Héctor Tejero, coordinador político de Más País en el Congreso; María Álvarez, empresaria y promotora de la campaña 4-Day Week en España; y Álvaro Rísquez, economista del Servicio de Estudios de la Confederación UGT.