UGT reclama afrontar, de manera urgente y desde el diálogo social, medidas que eviten los efectos nocivos de la digitalización sobre el empleo 

► Primero fue en Canarias y ahora en Madrid, dos juzgados han declarado improcedente el despido de personas trabajadoras que han sido sustituidas por máquinas.

► El proceso de automatización, que pondrá en riesgo millares de empleos, urge a cambiar la actual regulación del despido, y recuperar la causalidad de los mismos, debidamente justificada, tipificada, clara y negociada con la representación de los trabajadores.

► UGT reclama, asimismo, adoptar, desde el diálogo social, medidas para afrontar los efectos negativos que puede tener el proceso de digitalización sobre el empleo y las condiciones de trabajo.  Medidas que pasan una formación adecuada y permanente de los trabajadores y trabajadoras, repartir la productividad generada por las nuevas tecnologías o fortalecer nuestro sistema de protección social.

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a poner de manifiesto la necesidad de acometer una profunda reforma del despido y las causas que los justifiquen.

La automatización del trabajo es un proceso que, más allá de opiniones interesadas, está comenzando a cobrarse sus primeras víctimas. A la sentencia del Juzgado de lo Social nº10 de Las Palmas de Gran Canaria, que declaraba como improcedente el despido de una trabajadora que había sido sustituida por un robot informática, se le suma la del TSJ de Madrid, que incide en la misma línea de entender el despido de 9 personas trabajadoras como improcedente, al justificarse bajo la excusa de haber sido reemplazados por “una máquina”. Se trata del despido de nueve personas trabajadoras en una empresa de la industria gráfica que fueron declaradas prescindibles por el mero hecho de instalar una máquina “más moderna”.

Pero el debate debe ir mucho más allá de la determinación de si un despido es procedente o no cuando se insta como consecuencia de la sustitución de una persona por un robot o un software. Se trata de un marco conceptual, impuesto por los empresarios, que busca decidir la cuantía del despido, abaratándolo al máximo, al buscar que se conceptúen este tipo de despido como procedente, en vez de improcedente.

La realidad es que la automatización del empleo va a producir un radical cambio en los mercados de trabajo y la sustitución de personas por máquinas es un proceso real en el presente, pero que aumentará de forma exponencial en el futuro. Se trata de un hecho que concita consenso internacional en los organismos más importantes (OCDE, Unión Europea, FMI, gobiernos como el de EEUU o Francia, y un largo etcétera). Por tanto, en primer lugar, patronales, políticos y reguladores deben asumir esta realidad.

En un contexto de automatización y digitalización progresiva del trabajo y el empleo, no se puede consentir el actual poder decisorio y omnímodo del empresario. La actual regulación del despido, que pone en manos de las empresas el futuro laboral de sus empleados, permitiéndoseles despedir de forma unilateral a cualquier persona trabajadora sin causa ni justificación, no es admisible ni aceptable.

Diálogo social bipartito y tripartito para afrontar los efectos de la digitalización sobre el empleo

Urge cambiar la actual regulación del despido, devolviéndola a donde nunca debió salir: a una causalización del despido debidamente justificada, tipificada, clara y negociada con la representación de los trabajadores.

De forma paralela a esta medida legislativa, es obligado comenzar a debatir, con carácter urgente y prioritario, como vamos a acometer este periodo de transición tecnológica y sus efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Cómo vamos a articular la formación necesaria para dar empleabilidad a nuestra fuerza de trabajo, o como vamos a garantizar las rentas vitales de las personas a través de un reparto de la productividad generada por las nuevas tecnologías. La negociación colectiva y el diálogo social, bipartito y tripartito, deben acometer y pactar reformas que garanticen, por una parte, la competitividad de nuestra economía, pero por otra, no menos importante, la cohesión social y el futuro laboral necesarios para mantener y mejorar el Estado del Bienestar.

En definitiva, UGT considera que la tecnología debe estar al servicio de las personas, y no al contrario, por lo que proponemos una digitalización inclusiva, equitativa, justa y en donde no dejemos a nadie atrás.