La Comisión ha definido los aspectos generales de su postura oficial en el debate en torno a la reforma marco de gobernanza económica de la Unión, cuyo centro lo ocupa la discusión en torno a las reglas fiscales contenidas en los Reglamentos que desarrollan lo que se conoce como brazos preventivo y punitivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), lanzando dos mensajes principales. 

El primero, que el corsé de las reglas de déficit y gasto no se modificará. Lo que implica que los valores de referencia para evaluar la situación fiscal seguirán siendo los arbitrarios valores del 3% del PIB, en el caso del déficit, y del 60% del PIB, en el caso de la deuda. Es una muy mala noticia, absurda desde un punto de vista estrictamente económico y muy preocupante para las necesidades de desarrollo social de la zona. 

El segundo mensaje es algo más alentador, pero claramente insuficiente. Las trayectorias de reducción de deuda serán específicas para cada país y podrán ajustarse a un ritmo de reducción inferior al que actualmente prevé la normativa. Es en realidad este segundo aspecto el que destaca positivamente. Y junto a este elemento, también la posible ampliación de los plazos de consolidación fiscal a un intervalo de 7 años. 

Hay que recordar que las intervenciones de la “troika” y los memorándums de entendimiento fueron también específicos por país, sin que ello asegurara ningún auxilio con respecto a las exigencias de recorte de gasto. Si el déficit democrático en el equilibrio de poderes entre instituciones, y si las nuevas reglas prevén una nueva batería de fórmulas sancionadoras aplicadas más frecuentemente, la lógica de la austeridad punitiva puede quedar incluso reforzada tras esta reforma.

Similares comentarios merece el de la famosa “simplificación” de los indicadores de referencia para evaluar las trayectorias. A nadie le pasa desapercibido que la medición del déficit estructural presentaba importantes limitaciones y que corría el riesgo de inducir exigencias procíclicas. Si finalmente queda excluido de los procedimientos evaluadores, será motivo de celebración. Pero esto no implica que el indicador “simple” que se propone sea el apropiado.

UGT, considera que la postura de la Comisión es decepcionante. No hay nada que apunte a una corrección de las insuficiencias de la actual estructura institucional de la Unión. Ninguna palabra sobre la necesidad de impulsar mecanismos de estabilización automática a escala europea (por ejemplo, con una versión estable y ampliada del exitoso SURE). Ninguna sobre “reglas de oro” que excluyan del cómputo de gasto toda inversión destinada a las transiciones digital y ecológica, que la propia Comisión exige a los Estados. Y, desde luego, ninguna propuesta de exclusión del cómputo de gasto de todos aquellos estipendios esenciales para preservar la educación, salud y cohesión social de las poblaciones europeas. La propuesta de la Comisión es insuficiente y abarca poco; tan poco, que deja fuera a la Europa social.