Algunas universidades españolas se aprovechan de la indefensión de sus propios estudiantes para ahorrarse contrataciones y pagos a la Seguridad Social

Madrid, 24 de enero de 2020.- Desde RUGE venimos denunciando el fraude que sufre la juventud en la realización de las prácticas no laborales. Éste, se extiende a todos los aspectos: falta de formación real, inadecuación de contenidos, no tutorización e incluso la utilización de las mismas para suplir contratos de trabajo, lo que trae consigo una desvirtualización de la finalidad de las mismas y, en muchos casos, un fuerte impacto económico para estas personas y para las arcas del Estado y la Seguridad Social.

RUGE ha detectado que existe un elevado número de personas que realizan prácticas no laborales, en torno a 866.079 personas en 2018 (cifra infraestimada ante la falta de estadistas oficiales). Es decir que, si ponderamos este dato por el número de meses de realización de prácticas, supone 296.310 puestos de trabajo anuales.

Esto tiene un impacto importante en el sistema de Seguridad Social y en los salarios. Por un lado, el impacto que las prácticas no laborales tuvo sobre los salarios en 2018 fue de 3.049 millones de euros si estas personas hubieran cobrado el Salario Mínimo Interprofesional, y de 4.251,8 millones de euros si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros/año).

Por otro lado, el impacto que las prácticas no laborales tienen sobre el sistema de la Seguridad Social ascendió en 2018 a 1.143,4 millones de euros en cotizaciones si estas personas hubieran cobrado el SMI, y a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones si hubieran cobrado lo que indica la Encuesta de Estructura Salarial para el tramo de edad de 20 a 29 años (14.349,26 euros/año).

La UC3M y la UAM, en entredicho

El último caso descubierto, en el que la Seguridad Social le reclama a la UC3M 1,5 millones de euros por contar con personas becarias de manera irregular, vuelve a poner en tela de juicio la actual regulación y control de las prácticas no laborales. En este caso, estas personas estaban en situación irregular porque su trabajo excedía al propio de unas prácticas extracurriculares y lo venían desarrollando en áreas o servicios diferentes al tipo de estudios para el que se realizan las prácticas. Es decir, estaban asumiendo tareas y funciones para las que la UC3M debería de tener personal profesional contratado. En total son 570 las personas estudiantes las que han sido becarias durante los últimos cuatro años en dicha universidad en estos puestos en los que debería de haber una persona trabajadora.

Esto no se trata de una situación aislada, ya que recientemente la Universidad Autónoma de Madrid ha sido sancionada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por el uso fraudulento de 285 prácticas ofertadas a sus estudiantes, quienes tenían una de estas becas extracurriculares y que, según el Estado, ejercían de trabajadores encubiertos.

Abordar un Estatuto de las Prácticas no laborales

Desde RUGE no entendemos cómo una universidad, que debería de ejercer como defensora y garante de los derechos e intereses de su alumnado, se aprovecha de su posición privilegiada en la sociedad y sobre estos para explotarles laboralmente en las propias dependencias de la universidad.

Por tanto, el fraude que existe en el ámbito de los convenios de prácticas impacta de manera negativa sobre las condiciones laborales de los jóvenes y del resto de la población. No solo supone una rebaja en los derechos y condiciones laborales en la contratación de las y los jóvenes, sino también una pérdida importante de puestos de trabajo en condiciones reguladas a causa de la sustitución por becarios y jóvenes en prácticas no laborales.

Este tipo de situaciones de fraude que diariamente salen a la luz, ahondan en la necesidad de abordar un Estatuto de las Prácticas no laborales en el marco del Diálogo Social, donde se recojan 3 claves fundamentales:

• Una legislación más garantista para el propio alumnado en aquellas prácticas no laborales curriculares, donde se potencien los sistemas de control y se refuerce la finalidad formativa de las mismas.

• Ante el uso fraudulento tan extendido de las prácticas extracurriculares, así como su falta de relación con una verdadera mejor formación del alumnado, es necesaria la laboralización este tipo de prácticas no laborales extracurriculares, máxime si tenemos en cuenta que existen ya modalidades contractuales ad hoc para este tipo de situaciones.

• Registro y control de las prácticas no laborales en un sistema centralizado, para conocer cuántas personas en nuestro país están realizando prácticas no laborales y, de este modo, poder hacer un seguimiento más pormenorizado de las mismas.