En medio del estado de excepción provocado por la expansión del virus del covid19 los crímenes de líderes sociales no se detienen en Colombia. De nada parecen haber servido las medidas de excepción decretadas, con el objetivo de contener el virus, para frenar uno de los mayores problemas que enfrenta Colombia desde hace décadas: el sistemático exterminio de líderes sociales, incluidos dirigentes sindicales, especialmente en las zonas rurales del país.

A la persecución y represión de líderes sociales se suma la violencia contra ex guerrilleros y firmantes del acuerdo de paz, seriamente amenazado por el evidente boicot del gobierno de Iván Duque, que parece más preocupado por seguir de forma sumisa el papel que Estados Unidos le ha asignado en la desestabilización de una solución democrática para Venezuela, que de garantizar la seguridad y los derechos civiles de quienes apuestan por la paz y la democracia en Colombia. 

Es evidente que quienes atacan a hombres y mujeres que trabajan de forma pacífica por el desarrollo y el bienestar de sus comunidades, así como quienes garantizan su impunidad, temen a una Colombia en paz y con pleno ejercicio de la democracia que afecte a sus privilegios.

En los tres primeros meses del año, se han registrado 93 asesinatos, incluyendo 21 firmantes del acuerdo de paz y ex combatientes y 21 líderes sociales. De este último grupo, 7 eran dirigentes sindicales. Pero, de forma trágica, el recuento se incrementa casi a diario. En el día de ayer, 3 líderes sociales fueron asesinados en el departamento del Cauca.

La Confederación Sindical de las Américas (CSA) denunció, hace unas semanas, mediante una carta al Presidente de Colombia, esta intolerable dinámica permanente de represión y violencia contra líderes sociales en Colombia, y desde UGT, nos sumamos a nuestros compañeros y compañeras de la CSA y, especialmente, a nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones sindicales colombianas, para exigir que la matanza y persecución de militantes sociales en Colombia debe detenerse.

El Gobierno de España y la Unión Europa deben asumir de una vez que la posición ante el gobierno de Colombia debe endurecerse respecto de su falta de compromiso con la seguridad de líderes sociales y ex guerrilleros, y con la implementación integra del acuerdo de paz con las FARC. El mejor aporte que España y Europa pueden hacer en Colombia y la región es realizar una apuesta diplomática firme para ayudar al pueblo colombiano a construir un país en paz y con justicia social.