Según el IPC adelantado de abril de 2023, el incremento generalizado de los precios en España ha sido del 4,1% en su variación anual, lo que significa un incremento de 0,8 puntos frente a la inflación de marzo

Según la nota de prensa del INE, ese incremento de la inflación se debe al comportamiento de los precios de la electricidad y de los carburantes, y al aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque este ha sido inferior al de abril de 2022.

Sin embargo, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en niveles elevados, al 6,6%. La inflación subyacente refleja la evolución de los precios de los bienes y servicios elaborados, por lo tanto, menos volátiles a las vicisitudes geopolíticas o perturbaciones externas. En otras palabras, eso significa que la pérdida de poder adquisitivo explicitada por la inflación subyacente es permanente y muy difícil de recuperar; se trata de incremento de los precios de bienes y servicios que difícilmente volverán a bajar. Se trata, por lo tanto, de una pérdida salarial que no se recuperará si no se incrementan los salarios nominales en los mismos niveles.

Teniendo en cuenta la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el incremento salarial pactado en convenio hasta marzo de 2023 ha sido del 3,06%, lo que pone de manifiesto una pérdida real de más del 3,5% para los trabajadores y trabajadoras españolas si se tiene en cuenta la inflación subyacente (índice recomendado por el Banco de España para utilizarse como base de incremento salarial negociado en Convenio Colectivo).

Otra importante conclusión a la cual se llega a partir del análisis de los datos disponibles hasta la fecha es que los convenios de ámbito superior (incremento salarial hasta marzo de 2023 del 3,07%) protegen mejor a los trabajadores de pérdidas salariales relativamente a los convenios de empresa (2,89% de incremento pactado hasta marzo de 2023; datos provisionales) (Fuente: https://expinterweb.mites.gob.es/series/).

Todo ello significa que los factores determinantes de la escalada y persistencia inflacionista en nuestro país hay que buscarlos en el comportamiento oportunista de las empresas, que han aprovechado la escalada de los precios de los combustibles, la energía y el transporte para aumentar márgenes de beneficios.

Las estadísticas del Banco de España, de la Central de Balances Trimestral del último trimestre de 2022, muestran que las cifras de negocios de las empresas españolas se han incrementado en un 41,3%; que la rentabilidad de las empresas no financieras ha aumentado un 5,5 %; y que los beneficios ordinarios netos de las empresas también lo han hecho en un 91,3% en 2022 (frente al 32,1% en 2021). Todo ello se debe, fundamentalmente, al incremento del Valor Añadido Bruto en un 21,4%: es decir, a la subida de los precios. Al mismo tiempo, los salarios medidos en gastos de personal por trabajador de estas mismas empresas solo han aumentado un 3% en 2022 y un 1% en 2021.

La inflación, por lo tanto, está alimentada por los beneficios empresariales y no por los salarios. La inflación es de beneficios empresariales, por lo tanto, fundamentalmente de oferta. Permitir una subida salarial acorde con la evolución de los precios es fundamental para que los trabajadores recuperen su poder de comprar que ha sido transferido a las empresas por la vía inflacionista.

Esta inflación con incremento de beneficios empresariales está concentrando riqueza en las manos de los empleadores. Está transfiriendo renta desde el trabajo hacia las empresas. Solo un incremento del salario en negociación colectiva acorde con la inflación subyacente puede paralizar esa apropiación de renta del trabajo por parte del empresariado. Para evitarlo, urge renovar el AENC en unas bases que lleven a una recuperación de las pérdidas salariales asumidas por los trabajadores y trabajadoras españolas desde 2021 y garanticen la inclusión de cláusulas de revisión salarial basadas en la evolución del IPC.