El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, interviene en el VII Congreso Anual de la Asociación de Directivos/as de Relaciones Laborales (ADiReLab)

Un Congreso en el que ha afirmado que “ésta es una crisis donde se está generando empleo estable y la mayoría de empresas están en una situación de beneficios altos. Más que de crisis, que ya veremos cómo evoluciona la constricción del crecimiento económico, ahora mismo, hablaría de situación inflacionista. Lo digo, porque está claro que los salarios no son los causantes de ningún efecto de segunda ronda inflacionista, porqué los salarios reales están estancados, sino que es causa de los altos beneficios empresariales”.

En este sentido, ha señalado que “sorprende la posición de la patronal de bloqueo de la negociación colectiva cuando los márgenes de beneficios en España (42,3%) fueron 2,4 puntos porcentuales superiores a la media de la Eurozona (39,9%). A título de ejemplo, durante los 9 primeros meses del año, el beneficio acumulado por las seis grandes energéticas registró un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo de 2021, doce veces más que la variación salarial media pactada hasta octubre”. 

Por ello, ha reclamado “la subida inmediata de los salarios. En España, los salarios han subido de media en 2022 un 2,6%, frente a unos precios que se incrementan el 9% en términos armonizados con Europa. Somos el cuarto país que menos sube los salarios entre los 27 y estamos incluso por debajo de la media europea (un 4,1%)”.

Eso en relación a los sueldos privados, porque los públicos “ya han superado los mil euros mensuales con el SMI. Sin embargo, todavía está muy por debajo del nivel de otros países, mientras el poder de compra de las clases trabajadoras está amenazado por las previsiones de inflación. Por esa razón, para 2023 es imprescindible aumentarlo hasta los 1.100 euros mensuales, de acuerdo con los objetivos de la Carta Social Europea y siguiendo la línea de la reciente Directiva sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea”. 

Unos PGE sociales y de derechos

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha considerado que las sucesivas crisis “solo pueden superarse con medidas sociales y con incentivación económica”. De esta forma, ha puesto en valor los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que responden a la necesidad de consolidar y ampliar el paraguas social y derechos de los ciudadanos de nuestro país con medidas de tanto calado como el aumento de las percepciones de desempleo, la recuperación de los derechos de los empleados y empleadas públicos, la previsión del continuo despliegue de Fondos europeos y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas”.

Pensionistas que deben ver asegurado un modelo “pactado, eficiente y sostenible, sin que se afecten los derechos de los pensionistas presentes y futuros, en el que no se incrementen los límites de edad, puesto que ya fueron modificados en su momento, y acojan medidas imprescindibles desde el punto de vista financiero y de la solidaridad, como el destope gradual de las bases de cotización”.

El despido injustificado es muy barato en España

El Secretario General de UGT ha celebrado también “que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya admitido a trámite la demanda del sindicato contra España por el escaso coste del despido injustificado en nuestra legislación”.

En este sentido, ha manifestado su “orgullo” por “haber situado el debate sobre el coste del despido improcedente en nuestro país, para situarlo en su justo valor, protegiendo de esta manera el trabajo, y evitando su extinción injusta con el futuro establecimiento de indemnizaciones disuasorias y resarcitorias del daño causado. El debate sobre el despido que introduce UGT en la sociedad española debe alcanzar también a la revisión de las causas y a los debidos controles administrativos en los casos de despidos colectivos, reforzando el papel de la Inspección de Trabajo”.