La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha pedido que la igualdad forme parte del debate electoral y que los partidos políticos se comprometan a legislar para desarrollar una ley de igualdad efectiva y a implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Unas demandas que, forman parte del decálogo sindical, presentado a los partidos políticos para facilitar políticas que prioricen las necesidades sociales.

Antoñanzas, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa previa a su intervención en la charla coloquio “Reducir la brecha salarial, la prioridad”, que se celebra en Menorca, ha recordado que “las brechas de género persisten en el mercado laboral, especialmente la salarial y la que afecta a la calidad del empleo”, lo que repercute no solo en el presente de las mujeres, sino también en su futuro, a la hora de cobrar una pensión.

Así, las mujeres en España cobraron de media 5.793, 02 euros anuales menos que los hombres y, tienen que trabajar 10 años más que ellos para obtener las mismas retribuciones. Algo que se traduce en que los empresarios se ahorran 42.155 millones de euros anuales por pagar menos a las mujeres.

Ni la formación, ni el tipo de empleo es garantía de reducción de la brecha salarial. Además, a más edad, mayor es ésta.

Otros datos facilitados por Antoñanzas es que 3 de cada 4 jornadas a tiempo parcial son desempeñadas por mujeres y que, en el sector de la Hostelería, el más feminizado y donde se dan los salarios más bajos, las mujeres perciben casi 3.300 euros menos que los hombres al año. “Este sector necesita una revisión y una corrección de la brecha salarial de manera inminente”- ha dicho.

Antoñanzas ha precisado que, aunque la acción sindical, a través de la negociación colectiva y los planes de igualdad, está dando sus frutos (la brecha salarial ha descendido en 13 de las 18 grandes secciones de actividad) es necesario un mayor compromiso por parte de los empresarios y es imprescindible legislar para reducir la brecha salarial.

Así, ha recordado las demandas sindicales a los partidos políticos, en esta materia:

• Una Ley de Igualdad Salarial, con presupuesto suficiente, y que incluya la obligatoriedad de incluir esta premisa en todos los convenios colectivos y los planes de igualdad para las empresas de menos de 250 trabajadores.
   
• Una Inspección de Trabajo cualificada, y con recursos humanos suficientes, para detectar las múltiples vías a través de las cuales se discrimina a las mujeres en el empleo y se las penaliza con salarios inferiores.
   
• Una Ley de Igualdad consensuada con los agentes sociales. Falta un marco normativo exhaustivo que elimine la desigualdad salarial que soportan las mujeres. La legislación actual, tanto nacional como internacional, es insuficiente para eliminar la brecha, como ha señalado también el Parlamento Europeo.