Artículo de opinión de Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, en "contrainformacion.es"

Todos somos conscientes de la importancia de que las mujeres tengan independencia económica para poder evitar o para escapar de situaciones de violencia de género. Por desgracia, en demasiadas ocasiones tener un empleo no es suficiente.

Muchas veces nos preguntan qué es lo que se puede hacer desde un sindicato para luchar contra la violencia de género y la respuesta es clara: trabajar para conseguir un entorno laboral que apoye y proteja a las víctimas y poner en marcha medidas que faciliten a las mujeres salir de esas situaciones.

Para ello contamos con una herramienta fundamental: la negociación colectiva, con la que podemos introducir en los convenios fórmulas destinadas a luchar contra esta lacra.

Los sindicatos negociamos para que cada vez haya más cláusulas en materia de violencia de género en los convenios colectivos y se pongan en marcha más planes de igualdad en las empresas.

En la actualidad, podemos decir que uno de cada dos convenios sectoriales, contienen cláusulas de protección contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Pero la realidad nos señala que es necesario ir más allá.

La lucha contra la precariedad laboral representa también una lucha por reducir el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Es por esto, entre otras muchas cuestiones, que una de las exigencias de la Unión General de Trabajadores es derogar la reforma laboral.

Además, es preciso implantar políticas activas de empleo eficaces que permitan y garanticen a las mujeres víctimas de violencia de género acceder al mercado laboral y a empleos de calidad y, en este sentido, urge una revisión del actual sistema de apoyo a la creación de empleo, que en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género está resultando claramente insuficiente e ineficaz. Solo un dato, los contratos bonificados por violencia de género en 2016 solo supusieron el 0,009% del total de la contratación femenina y, de esa contratación bonificada, el 76% era temporal.

Hay que adoptar medidas de fomento del empleo y formación ajustadas a la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género, cuyas necesidades son específicas; mejorar la protección social, con mayor cobertura, y facilitarles derechos como la reducción de jornada y la protección por desempleo.

La Unión General de Trabajadores lleva años reivindicando una reforma de la ley 1/2004 para mejorar los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, en cuestiones como la reordenación del tiempo del trabajo, la movilidad geográfica o la inclusión de las víctimas de acoso sexual y acoso por razón de género.

El sindicato insiste en la importancia de desarrollar protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en las empresas, máxime teniendo en cuenta, los obstáculos con los que se encuentra la negociación colectiva, especialmente desde la reforma laboral de 2012, que hacen que no se pueda garantizar su implantación en el 100% de las empresas.

No hay que olvidar la importancia de reforzar la formación obligatoria en esta materia para todos las empleadas y empleados, así como cargos directivos en las empresas y para los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.

Son imprescindibles, en definitiva, políticas públicas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de las víctimas y erradiquen cualquier comportamiento de violencia en el trabajo; fomentar una cultura preventiva en las empresas, de forma que haya tolerancia cero a este tipo de conductas; y tratar la violencia en el trabajo de manera transversal, incluyendo la misma en el ámbito de la prevención de riesgos laborales o en el de la organización de la empresa.

► Artículo en contrainformacion.es