Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 (que utiliza datos de renta del año precedente) publicada en el día de hoy por el INE muestran una mejora de los indicadores de pobreza y exclusión social, alcanzando los valores mínimos de la serie en buena parte de ellos. Se trata de unos resultados acordes al contexto de crecimiento económico y los avances logrados en materia laboral.

Así, la tasa AROPE, que cuantifica la población en riesgo de pobreza o exclusión social, se ha reducido 7 décimas, aunque aún presenta un valor preocupante: 1 de cada 4 personas (25,8%) se encontraba en situación de vulnerabilidad el año pasado. Esta mejoría, que permite alcanzar el valor más bajo desde el inicio de la serie (2014), se explica por los resultados positivos en sus tres componentes: el riesgo de pobreza desciende en 5 décimas, hasta el 19,7%; el porcentaje de población con carencia material severa lo hace en 7 décimas (8,3%); y el porcentaje de ocupados con baja intensidad de empleo disminuye 4 décimas, hasta el 8%, prácticamente la mitad que hace una década.
 

La tasa AROPE, sin embargo, muestra unos resultados dispares según la situación profesional. Las personas inactivas y desempleadas siguen presentando los peores rátios, con porcentajes del 36,9% y 55,4%, respectivamente. Esto se explica por el deficitario funcionamiento del sistema de transferencias contributivas y no contributivas, con un grado de cobertura que resulta insuficiente para que muchas personas puedan escapar de situaciones de pobreza y exclusión. Por su parte, las personas ocupadas registran una tasa del 16,2%, por un 15,9% en el caso de la población jubilada, datos comparativamente más bajos, pero que admiten un margen de mejora amplio y que justifica, por tanto, el reforzamiento de las políticas que aumenten los ingresos de ambos colectivos.

En materia de rentas, cabe destacar el incremento de los ingresos medios netos por hogar, con un aumento del 6,3% respecto a 2022, hasta los 36.996 euros, la cifra más elevada de toda la serie. Además, la redistribución de la renta también reporta resultados favorables: el coeficiente de Gini se ha reducido en 3 décimas, situándose en el 31,2; el valor más bajo de toda la serie (desde 2008). Por su parte, el indicador s80/20, que mide la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, ha disminuido únicamente 1 décima, con un cociente de 5,4 puntos, también el valor más bajo de todo el periodo. La mejora de la redistribución de los ingresos guarda relación directa con el impacto positivo de la última reforma laboral, que ha mejorado notablemente la calidad del empleo, y con el incremento progresivo del SMI, que se ha erigido como un instrumento poderoso para mejorar las rentas salariales de la población trabajadora, beneficiando especialmente a aquellos y aquellas con condiciones más precarias. 

Por otro lado, los componentes que definen la carencia material severa en hogares mejoran en su mayoría, a excepción de tres indicadores. Los hogares que no pueden permitirse adquirir un automóvil (+0,5 décimas, un 5,8%), los que no pueden comprar un ordenador personal (1 décima, hasta el 6,1%) y aquellos con retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos 12 meses, aumentando el porcentaje en 3 décimas, hasta el 10,3%, el segundo valor más alto de la serie (en 2021 ascendió al 11%).

Precisamente, este último dato se enmarca dentro de la grave crisis habitacional que asola nuestro país. La escasa capacidad de ahorro de los hogares ha provocado que se alcance el mayor porcentaje de familias que viven en alquiler (1 de cada 5, un 20,4%) y que, a pesar de ello, se ven expuestas a precios abusivos que abarcan un porcentaje muy elevado de sus ingresos. Así, la mejora de la renta y su distribución nunca será suficiente si no se regulan, de forma eficaz, los precios máximos del alquiler en zonas tensionadas. La deriva especulativa en este ámbito es totalmente ajena a la evolución de la economía real y de los hogares, amenazando la cohesión social en nuestro país. 

Por ello, es necesario abordar cuanto antes la emergencia habitacional, blindando la función social de la vivienda para que esta, en vez de constituirse como un activo muy lucrativo para unos pocos, pasa a ser un derecho efectivo para toda la ciudadanía, como así recoge el artículo 34 de nuestra Constitución.