Encuesta de Condiciones de Vida 2020

·         Mejorar la distribución de la renta a través de la negociación colectiva es el primer paso para una sociedad más cohesionada, por eso es necesario derogar las reformas laborales, equilibrar la negociación colectiva y crear empleo de calidad

·         La revalorización del SMI es imprescindible porque el salario más frecuente en España apenas supera los 1.000 euros, y un 18% de los ocupados recibe salarios inferiores

·         La escasa capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal es un problema para disponer de un Estado de Bienestar capaz de redistribuir más y mejor la renta y la riqueza

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2020 (que utiliza datos de renta del año precedente) publicada en el día de hoy por el INE muestran un empeoramiento en los indicadores de pobreza y exclusión social, a pesar de que estos resultados se ubican dentro de un contexto de crecimiento económico. 

No será hasta el próximo año cuando se conozcan los datos que permitan calibrar el impacto de la pandemia sobre los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social de los hogares españoles, lo cual arrojará resultados más desfavorables dado el intenso ajuste en las rentas y el empleo que ha supuesto la crisis derivada del COVID-19.

En añadido, cabe tener en cuenta que el punto de partida para atajar la crisis multidimensional actual parte de un escenario adverso, toda vez que los últimos 13 años -desde el estallido de la Gran Recesión- reflejan una devaluación global de las condiciones de vida de la población, puesto que la etapa de crecimiento económico iniciada en 2014 no fue suficiente para reestablecer los niveles de poder adquisitivo anteriores.

Resultados que empeorarán con la crisis

Según los datos conocidos hoy, se observa una intensa mejoría en los niveles de renta por hogar, que se situó en 30.690 euros, un 5,3% más que en 2019. Por su parte, el ingreso medio por persona muestra también una tendencia positiva, con una variación anual del 5,2%, elevándose así hasta los 12.292 euros.

Si nos fijamos en la distribución de los ingresos, también se registran avances en materia de igualdad. El coeficiente de Gini se ha reducido en 9 décimas, situándose en el 32,1; el valor más bajo registrado en más de una década. Por su parte, el indicador s80/20, que mide la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, ha disminuido únicamente 1 décima.

Estos resultados, a pesar de ser positivos, aún son demasiado elevados y empeorarán a raíz de la crisis.  Además, reflejan las consecuencias de un modelo de crecimiento económico insuficiente para lograr una mejora notable en la redistribución de las rentas, un aspecto que urge corregir en el marco del proceso de reconstrucción que exige el escenario actual.

Un cuarto de la población, en situación de vulnerabilidad

En contraste, la tasa AROPE, que cuantifica la población en riesgo de pobreza o exclusión social, se ha incrementado 1,1 puntos porcentuales, registrando unos niveles preocupantes: más de un cuarto de la población (26,4%) se encontraba en situación de vulnerabilidad el año pasado, el dato más elevado desde 2017. Esto se explica por el empeoramiento en dos de sus tres componentes, con un aumento de 0,3 y 2,7 puntos porcentuales –respectivamente- de la población en riesgo de pobreza o que presenta un problema de carencia material severa. Dentro de esta última categoría, destaca el incremento de la población con retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal y que no puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada, por lo que es urgente, más si cabe, que el Gobierno presente cuanto antes una ley estatal de vivienda lo más garantista posible en el ejercicio de la protección de este derecho. Al contrario, el porcentaje de la población que padece baja intensidad en el empleo descendió al 9,9% en 2020, 9 décimas menos respecto a 2019.

Por otro lado, el número de hogares que declara presentar muchas dificultades para llegar a fin de mes asciende al 10%, mientras un 35,4% no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos; un incremento de 2,6 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente, sobre 2019. Estos datos exigen una política fuerte de protección de rentas que sirva para otorgar un mayor grado de certidumbre a aquellos hogares más vulnerables. En este sentido, los ERTEs se han erigido como un instrumento indispensable en el sostenimiento de los niveles de renta de los hogares, evitando así un desplome mayor de las mismas.

Respecto a la tasa AROPE, se muestra una evolución dispar según la situación profesional, aunque siguen siendo cifras notablemente dramáticas e inadmisibles. Las personas inactivas y desempleadas siguen presentando las peores ratios, con porcentajes del 38,6% y 54,7%, respectivamente. Esto se explica por el déficit de funcionamiento del sistema de transferencias contributivas y no contributivas, en la medida en que la cobertura y las cuantías de las mismas resultan insuficientes para escapar de situaciones de exclusión y pobreza. Por su parte, el porcentaje de trabajadores pobres disminuye en 0,3 puntos porcentuales, alcanzando un dato global del 15%; mientras que el colectivo de jubilados y jubiladas registra una tasa AROPE del 16.7%, incrementándose hasta 2,7 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En síntesis, los datos expuestos siguen reflejando la existencia de problemas estructurales sin respuesta hasta ahora, reportando incrementos de los niveles de pobreza a pesar del favorable contexto económico de 2019. Recomponer las costuras de nuestro Estado de Bienestar y sembrar las bases de un crecimiento más equitativo representan tareas fundamentales dentro del proceso de reconstrucción, puesto que solo así evitaremos la apertura de nuevas grietas sociales y la cronificación de la pobreza en los colectivos más vulnerables. Para lograr estas metas, desde UGT reclamamos:

         Un marco laboral más equilibrado y eficiente. Los problemas de subempleo, temporalidad o elevado paro estructural son algunos de los ejemplos que reflejan el profundo déficit en el funcionamiento de nuestro mercado laboral, lo cual acaba generando, en consecuencia, la persistencia de elevadas tasas de desigualdad y pobreza. Mejorar la predistribución, es decir, la distribución de la renta en origen, supone un primer paso fundamental para lograr una sociedad más cohesionada y democrática. Para ello, resulta ineludible derogar la Reforma Laboral de 2012 y dar paso a una nueva regulación que revierta el desmantelamiento de la negociación colectiva y sea capaz de crear empleo más estable y seguro, propiciando una mejora inmediata de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

         Una política salarial fuerte y justa con quienes peor lo están pasando. España se caracteriza por ser un país de salarios estructuralmente bajos: registra de forma ininterrumpida uno de las peores ratios de trabajadores pobres de toda Europa; el salario más frecuente apenas sobrepasa los 1.000 euros; y hasta un 18% de los ocupados recibe unos ingresos inferiores al SMI. Revertir esta situación es esencial para transitar hacia una sociedad más igualitaria. Por ello, desde el sindicato instamos al Gobierno a subir cuanto antes el SMI, a fin de continuar la senda de crecimiento hasta alcanzar el 60% del salario medio del país. Su congelación no tiene justificación ninguna y castiga a aquellos trabajadores con ingresos más reducidos. A su vez, instamos también a la patronal a negociar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe recoger mejoras salariales, acorde a la nueva etapa de recuperación económica abierta tras la pandemia.

         Un sistema de transferencias con más recursos y mayor cobertura.  En último lugar, no por ello menos importante, tenemos el importante reto por delante de mejorar nuestro sistema de redistribución, pues actualmente, España es uno de los países de Europa que menos reduce los niveles de pobreza mediante transferencias sociales. La escasa capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal nos aboca a una infrautilización de nuestra red de transferencias, un problema que se suma a la insuficiente cobertura de las mismas. Como ejemplo de ello, el Ingreso Mínimo Vital, aprobado hace poco más de un año, solo ha conseguido llegar a un tercio de los hogares previstos. En contraste, el acuerdo histórico en materia de pensiones marca la dirección de los cambios que debemos afrontar para asegurar unos niveles de rentas digna a la población. En nuestras manos está ser capaces de consolidar un Estado de Bienestar que redistribuya más (y mejor) la renta y la riqueza, volviendo a activar el ascensor social en nuestro país.