No, Glovo y Deliveroo no pueden tener una legislación laboral a la medida de sus intereses
Fecha: 31 May 2019
Artículo de opinión de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT, en "eldiario.es"
► Cuando estas empresas afirman querer tener seguridad jurídica sin perder flexibilidad, lo que están diciendo es que aspiran a disponer de una vía legal que les permita exigir resultados y esfuerzos a los repartidores, a la vez que les impiden ejercer sus derechos laborales
► Las personas trabajadoras cumplen con las órdenes que les dan estas plataformas de reparto. Llamarles colaboradores es hurtarles su condición de trabajadores asalariados, a los que se les está robando las condiciones de trabajo reguladas por la ley y los diferentes convenios colectivos
► Si las plataformas de reparto aplicaran los convenios sectoriales correspondientes, como es su deber, la Seguridad Social ingresaría más de 93 millones de euros al año, además de mejorar considerablemente las condiciones de trabajo de muchos repartidores
Las grandes plataformas de reparto, innovadoras en el campo de la explotación laboral de las y los trabajadores, considera la legislación española "insegura" y quieren que el próximo Gobierno abra con ellos una mesa de negociación para que la legislación se adapte a ellos, para tener una normativa laboral propia y a la medida de sus intereses.
Como organización sindical de clase exigimos simplemente que estas empresas, como todo el mundo, cumplan la ley. Eso no significa que rechacemos la negociación, sino que se haga donde corresponde, en la negociación colectiva, el espacio para la interlocución entre empresas y trabajadores, y cuyos acuerdos tienen rango de ley. Pero –y ahí está el problema– eso supondría reconocer por todas las partes la existencia de relación laboral y, por tanto, la extensión de todos los derechos laborales.
Cuando estas empresas afirman querer tener seguridad jurídica sin perder flexibilidad, lo que están diciendo en realidad es que aspiran a disponer de una vía legal que les permita exigir resultados y esfuerzos a los repartidores, a la vez que les impiden ejercer sus derechos laborales, contando solo con los mercantiles. Un abuso que llevamos denunciado desde hace tiempo y que, si no evitamos su propagación, puede determinar el modelo laboral actual y futuro.
Hay algunos aspectos fundamentales para entender nuestro claro rechazo a este modelo de negocio salvaje y cainita que oculta, bajo el formato de la modernidad, la miseria de un trabajo precario por el que hay que pagar, mientras las plataformas solo ingresan y no tienen ningún tipo de gasto para la actividad ordinaria. El gasto se lo traslada a los trabajadores.
En primer lugar, las personas trabajadoras cumplen con las órdenes que les dan estas plataformas de reparto a través de aplicaciones informáticas específicas. Llamarles colaboradores es hurtarles su condición de trabajadores asalariados, a los que se les está robando las condiciones de trabajo reguladas por la ley y los diferentes convenios colectivos.
En segundo lugar, UGT ya ha demostrado en diferentes Juzgados de lo Social de Madrid que la supuesta flexibilidad es un mito, que no existe, porque cuando los trabajadores y trabajadores rechazan un pedido, o no cogen las horas de alta demanda (que son las horas de máxima actividad del fin de semana), el sistema de valoración individual –en Glovo lo llaman 'excelencia'–, castiga, sanciona y, si lo consideran necesario, los expulsa del sistema. Llegando incluso a desconectar o bloquear las cuentas de aquellos repartidores que no cumplen con sus exigencias. En esto sí que han sido innovadores, han creado una nueva forma de despido inmediato. Todas estas acciones han sido corroboradas por la Inspección de Trabajo que ha relacionado un número importantes de elementos que determinan la existencia de relación laboral.
En tercer lugar, las plataformas digitales saben que existe un ámbito donde pueden explicar sus propuestas sin necesidad de esperar la constitución del nuevo Gobierno. El ámbito es la negociación colectiva, diálogo bipartito entre empresarios y sindicatos, como representantes de los trabajadores y trabajadoras, que permite establecer unas reglas de juego claras e impide la competencia desleal entre las empresas con bajadas de salario para abaratar costes.
La negociación colectiva es lo que no respetan las plataformas digitales de reparto, que han cambiado tres veces las condiciones de pago de forma unilateral y siempre a la baja. Y esto es lo que crea inseguridad jurídica, y lo que argumenta el cofundador de Glovo, cuyo empecinamiento en no aceptar las sanciones de la Inspección de Trabajo está generando un grave problema en las cotizaciones de la Seguridad Social. Obcecación que es compartida por Deliveroo, sancionada también por la Inspección de Trabajo, y con un juicio pendiente el día 31 de mayo en el juzgado de lo Social número 19 de Madrid.
Si las plataformas de reparto aplicaran los convenios sectoriales correspondientes, como es su deber, la Seguridad Social ingresaría más de 93 millones de euros al año, además de mejorar considerablemente las condiciones de trabajo de muchos repartidores. Conocemos de primera mano la situación real de muchos de estos trabajadores y trabajadoras que llegan a realizar diariamente más de diez horas de jornada, con un día de libranza cada dos semanas y sin disfrutar de vacaciones; además tienen que asumir los costes de de cotizar como autónomos, IVA, IRPF, mantenimiento del vehículo, etcétera.
Por último, no podemos dejar de mencionar que estas plataformas son profundamente antisindicales. Glovo ha sido condenada por el juzgado de lo Social número 33 de Madrid, por vulneración del derecho fundamental de huelga, al despedir a un repartidor que animó a otros, en el uso de la libertad de expresión, a ejercer ese derecho constitucional. Cuando uno lee la carta de despido de este repartidor nota con claridad la inquina contra aquellos que no defienden su modelo de negocio.
Deliveroo también ha eliminado cualquier tipo de organización de trabajadoras y trabajadores y lo ha podido hacer gracias a la opción de bloquear las cuentas. También ha utilizado la geolocalización para conocer dónde estaban los repartidores, accediendo de esta forma a quiénes se reúnen y cuáles son los lugares de reunión. Las empresas, a través de esta herramienta, conocen toda la información de sus repartidores, incluso cuando los móviles no tienen encendida la aplicación.
UGT trasladará al próximo Gobierno, además de nuestro reconocimiento de la actuación de la Inspección de Trabajo, la exigencia de hacer cumplir la legislación laboral a todas las empresas. No se puede permitir el constante fraude de las plataformas digitales, ni su pretensión de disponer de una legislación favorable a sus intereses mediante la vulneración de los derechos laborales fundamentales. Aceptar el eufemismo de 'una nueva realidad', 'una situación a regular' supondría una grave desprotección para todas las trabajadoras y trabajadores y pondría en riesgo todo el sistema que hemos construido desde la democracia. ¿Quiere el nuevo Gobierno, de verdad, acabar con todo? UGT no lo va a permitir.
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