Orban aprovecha el plan de recuperación para tratar de eliminar la crítica social y política

El Parlamento húngaro ha convocado una sesión extraordinaria para hoy, 13 de julio, con el fin de otorgar un mandato al primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán, de cara a la reunión del Consejo europeo extraordinario de 17 y 18 de julio, en el que se trata el plan de recuperación para la UE.

Entre los cinco puntos fundamentales que recoge el mandato (entre los que figura vincular la atribución de los recursos a condiciones políticas e ideológicas bajo el título de "Estado de Derecho"), se incluye un muy peligroso epígrafe que pretende que los “partidos políticos y organizaciones políticas disfrazadas de civiles no estarán habilitadas para recibir el apoyo económico de la UE”.

Orbán pretende con ello laminar a las organizaciones sociales del país que se han mostrado críticas con su gestión como primer ministro desde que asumiera el mandato. Especial interés tiene para él acabar con la capacidad de movilización y protesta de organizaciones sindicales, a las que acusa de ser organizaciones políticas encubiertas y a las que pretende excluir de los órganos de negociación, al tiempo que pretende limitar sus recursos económicos.

La Unión General de Trabajadores (UGT) alerta especialmente contra el ataque que, de manera específica, está sufriendo el sindicato MASZSZ, afiliado a la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y que ha venido manteniendo una línea muy dura contra el autoritarismo de Orbán, su debilitamiento de la negociación colectiva y del diálogo social, sus políticas racistas, homófobas y antisociales, sus atentados contra el Estado de Derecho (que también han recibido críticas de instituciones y partidos europeos, etc.). La organización sindical ha llegado a recibir una carta firmada por el secretario de estado de la Oficina del Primer Ministro en la que se les considera "actor político" y no sindicato, lo que les coloca directamente en el disparadero.

UGT denuncia las prácticas totalitaristas ejercidas por parte de un gobierno de la Unión Europea (UE) que va a recibir apoyo financiero de la misma, pero que utilizará el mismo para aumentar su poder y debilitar a la oposición democrática, otorgándose el derecho de eliminar del panorama político y social a organizaciones que considera molestas.

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las compañeras y compañeros del sindicato MASZSZ, que se han distinguido por su lucha y la denuncia constante de actuaciones como ésta y otras. Los gravísimos hechos que están sucediendo en un Estado miembro de la UE tienen que ser repudiados por el resto de gobiernos de la Unión. Asimismo, UGT insta al gobierno de España a que ejerza las acciones pertinentes durante la reunión del Consejo para que los fondos de recuperación en debate no puedan ser utilizados contra la propia democracia por los Estados, y urge a los partidos políticos representados en la Eurocámara (y muy significativamente al Partido Popular, que incomprensiblemente siempre se ha negado a condenar los antidemocráticos modos y actuaciones de Fidesz, el partido del líder húngaro o a promover –como han hecho otros con servadores europeos- la expulsión del mismo del Partido Popular Europeo) a que supervisen y denuncien este tipo de medidas, impropias de los valores que representa la Unión Europea.