Con la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de Ecuador de ilegalizar al partido Fuerza Compromiso Social, liderada por el expresidente Rafael Correa y las graves amenazas que el gobierno de facto Boliviano ha realizado en los últimos días hacia la candidatura de Movimiento al Socialismo (MAS) los gobiernos de Ecuador y Bolivia dan un nuevo paso en la degradación democrática a la que someten a sus países desde el comienzo de sus respectivos mandatos.

El pasado domingo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) decidió dejar sin efecto la inscripción del partido liderado por Rafael Correa, contraviniendo numerosas resoluciones previas que permitieron a Fuerza Compromiso Social participar en diferentes citas electorales en los últimos años. Esta resolución se produce tras las fuertes presiones que el gobierno de Ecuador, la Fiscalía General y la contraloría del estado (máximo órgano de control fiscal del Estado) han ejercido sobre el CNE. De esta manera, el gobierno liderado por Lenín Moreno prepara el terreno para la proscripción del partido Fuerza Compromiso Social de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Mientras tanto, en Bolivia, la estrategia del Gobierno de la ultra Jeanine Áñez, que accedió al poder el pasado noviembre tras el golpe de estado perpetrado por sectores de la derecha boliviana, junto a fuerzas policiales y del ejercito, no parece diferir de la puesta en marcha en Ecuador. Asi, a los episodios permanentes de violencia y persecución contra dirigentes y militantes del MAS, en las ultimas semanas se ha sumado una fuerte presión desde el gobierno y partidos de derecha y ultraderecha sobre el Tribunal Superior Electoral para que inhabilite al MAS, partido presidido por el expresidente Evo Morales, en exilio forzoso en Argentina desde noviembre del pasado año debido a la violenta persecución promovida por los sectores golpistas. El candidato del MAS para las próximas elecciones presidenciales es Luis Arce, quien también es víctima de una feroz campaña de persecución para evitar su candidatura.

Estos actos de manipulación de la justicia para servir a intereses políticos antidemocráticos siguen la ya conocida estrategia de lawfare que hemos podido observar también en Brasil, Paraguay, Honduras o Argentina y que, por desgracia, se ha convertido en el único programa que están dispuestos a emprender sectores de derecha en estos países, alejándose del compromiso con el estado de derecho que cualquier fuerza o gobierno democrático debería respetar.

La Unión General de Trabajadores (UGT) rechaza los actos de persecución política en Bolivia y Ecuador y muestra su solidaridad y compromiso con las fuerzas democráticas sindicales, sociales y políticas. Los profundos lazos históricos, sociales, culturales y económicos de nuestro país con la región americana obligan al gobierno de España a promover y vigilar la defensa de la democracia y de los derechos humanos en América como parte fundamental de la acción exterior que realiza allí nuestro país,  por lo que UGT exige al Gobierno de España condene los actos de persecución profundamente antidemocráticos de Moreno y Áñez y lidere una una firme postura común firme dentro de la Unión Europea en defensa de la democracia en estos dos países.