El tratado comercial Unión Europea-Japón (JEFTA) adolece de transparencia y diálogo y perjudica a los ciudadanos en beneficio de las grandes empresas

Los presidentes de la Comisión y del Consejo europeos, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, firmaban ayer martes, 17 de julio, un tratado de libre comercio conocido como JEFTA, por sus siglas en inglés.

Una vez más, las negociaciones que han conducido a este acuerdo han estado marcadas por la falta de transparencia y participación de la sociedad civil que caracteriza desde hace mucho a la política comercial de la Unión Europea.

La Unión General de Trabajadores ha venido advirtiendo de que, en virtud de los documentos a los que la organización ha tenido acceso, el acuerdo parecía seguir ignorando algunos de los factores más importantes para la ciudadanía de los países afectados por el tratado y, al contrario de las directrices que aparecen en la muy publicitada estrategia de la Comisión en materia de comercio, ni se abría al escrutinio público, ni se elaboraba de manera transparente, ni tenía en cuenta los aportes que hacían las organizaciones sociales y sindicales de Japón o de la Unión Europea, limitándose a ser, una vez más, un instrumento legal del peor liberalismo diseñado al deseo de las grandes empresas e inversores (que sí fueron consultados durante las negociaciones).

UGT quiere señalar los potenciales graves perjuicios laborales, ambientales y democráticos que el JEFTA implica. En materia de trabajo, el acuerdo ha visto la luz sin ningún análisis de impacto laboral en sus consecuencias y no presenta disposición alguna sobre normativa laboral. Es muy preocupante el hecho de que la Unión Europea y los Estados miembros sigan potenciando el libre comercio sin exigir a la contraparte las mínimas garantías que se incluyen en algunas de las normas laborales que recogen dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Japón no tiene ratificados, tales como el 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, llegándose a empeorar el ya de por sí pésimo contenido del acuerdo con Canadá (CETA).

El JEFTA implica nuevas reglas del juego que favorecerán la liberalización de servicios públicos básicos, garantiza la especulación financiera, debilita el control sobre la importación de alimentos y deja la puerta abierta, una vez más, a instrumentos de resolución de disputas y defensa de los intereses de inversores extranjeros que suponen un deterioro de la soberanía de los estados y un buscado desequilibro en la defensa de los intereses sociales frente a las exigencias de grandes inversores privados.

Para el sindicato, es también destacable la ausencia de medidas específicas en materia ambiental o de protección a las sociedades rurales agrícolas, habida cuenta de que Japón es el más importante núcleo de importación, transformación y comercialización de productos agrícola-ganaderos del Este. Por último, desde UGT, observamos con especial sorpresa el que tres de los principales asuntos que trasladó nuestra organización en diversas ocasiones, y con los que aparentemente la Comisión Europea tiene un compromiso, hayan sido completamente ignorados, de manera que el JEFTA no contenga mención alguna al impacto de género, a defensa y fomento de la democracia, el multilateralismo y la lucha contra el fraude, la elusión y evasión fiscales, o a la sostenibilidad de acuerdo con los objetivos de la estrategia 2030 para el Desarrollo Sostenible. La deliberada omisión de estos aspectos sólo refleja que la voluntad política de la actual Comisión Juncker tiene un decidido interés en borrar del mapa alguna de las banderas seña de identidad de la Unión Europea.

UGT reclama a los grupos parlamentarios españoles que rechacen el JEFTA en su voto en la eurocámara, por los perniciosos efectos que éste puede tener sobre la clase trabajadora y determinados sectores de la industria europea, pero también porque incide en una forma de comercio injusta, insostenible, insolidaria y desigual que atenta contra los intereses comunes y beneficia sólo a los pocos.

Asimismo, el sindicato quiere recordar que el JEFTA transgrede muchos de los valores y ambiciones que el actual ejecutivo del PSOE se ha comprometido a defender y fomentar, por lo que reclama al gobierno de Pedro Sánchez que actúe de manera clara ante la Comisión Europea y lidere la exigencia social de frenar los numerosos nuevos acuerdos de libre comercio, o de comercio e inversión que están en proceso, de manera que la Comisión tenga claro que no podrá contar con el mandato ni el consenso de todos los Estados miembro a no ser que comience a trabajar en pro de un comercio que enriquezca económica, social y democráticamente, apueste por la sostenibilidad económica y ambiental, el equilibro democrático de fuerzas, el bien común y el trabajo con derechos. Está pues en manos del gobierno de España el que se produzca el obrar el cambio de la desregulación liberal representada en acuerdos como el JEFTA al progreso y bienestar de las personas.