Entrevista a Pepe Álvarez en "El Comercio"

Desde hace semanas, UGT viene reclamando al Gobierno una renta mínima temporal que permita subsistir a quienes se han quedado sin ingreso alguno mientras se negocia la ley de la renta mínima 'permanente'. Tras más de un desencuentro en el seno del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha optado por acelerar a mayo la 'renta mínima permanente', aunque sigue habiendo discrepancias sobre cuánto puede tardar:

–¿Llega tarde la renta mínima en mayo, si es que empieza a pagarse en mayo?

–Una renta mínima en mayo con acuerdo con las comunidades autónomas, con las organizaciones sindicales y con una ley que verdaderamente ponga las bases de las políticas sociales es imposible. Quienes tienen las competencias de estas políticas son las comunidades autónomas y el Estado lo que puede hacer es una ley marco que garantice que en todas las comunidades exista ese mínimo vital. También es importante ver cómo este mínimo vital es un puente para la incorporación al mercado laboral, hay que hablar de programas de formación y no en un marco de emergencia como el de ahora. Por eso, creemos que lo que en estos momentos necesita nuestro país es una regulación excepcional por el coronavirus que atienda a la gente que se ha quedado descolgada, un acuerdo que puede tener una temporalidad mensual revisable, porque la respuesta para ahora no es una ley que no va a llegar en mayo. No veo que vaya a haber una ley ni en mayo ni en junio ni en septiembre.

–El ministro Escrivá dice que llegará a un millón de hogares. ¿Cree que dará cobertura a todos los que la necesitan?

–En una situación normal, sí. Pero no vamos a salir del coronavirus con el empleo que teníamos, seguramente la necesitarán más de un millón. Pero los datos del ministro con la perspectiva de antes del coronavirus tienen todo el rigor.

–¿Se está quedando corto el Gobierno con las medidas de protección social?

–El mínimo vital es la medida escoba, la que garantizaría que nadie se quede atrás. Hay que valorar muy positivamente las medidas del Gobierno, nunca en España se había encarado una crisis de esta manera, con medidas sociales y con medidas que intentan preservar el tejido productivo y los puestos de trabajo.

–La Unión Europea va a movilizar fondos de miles de millones y se ha levantado la mano en los límites de deuda y déficit. ¿Se ha aprendido la lección tras la última crisis?

–Eso seguro. Pero también porque hay mucha más concienciación al ser una pandemia y afectar al conjunto de la ciudadanía. En todo caso, es un paso más en la asunción de las responsabilidades que le corresponden a la UE. Porque no olvidemos que la UE es responsable en buena parte de algunos de los desajustes que tenemos en estos momentos. La falta de producción de materiales de protección viene marcada por las normas de la competencia europea. Nos ha abocado a tener 27.000 sanitarios con coronavirus por no tener instrumentos para protegerse. Hay que permitir que algunos elementos de este tipo tengan una protección estatal económica para poder surtir al país.

–Esta semana han vuelto muchos españoles a sus puestos de trabajo. ¿Se están cumpliendo las medidas de seguridad e higiene?

–Hay muchísimos problemas, con una exposición de los trabajadores mayor de lo que sería razonable. Hay empresas que no han reanudado la actividad porque las organizaciones sindicales tenemos fuerza suficiente en ellas para imponer que no se reanude por falta de medidas de protección y de separación entre puestos. Pero en las empresas donde no hay representación sindical difícilmente se están garantizando estos elementos de protección. Nos preocupa pero tampoco podemos responsabilizar a las compañías de falta de voluntad, en muchos casos es por absoluta imposibilidad de acceder a los EPI.

–¿Cuáles deben ser las prioridades en el Plan de Reconstrucción Nacional que quiere poner en marcha el Gobierno?

–En una primera fase lo importante es acertar en la desescalada; es primordial hacer un plan sobre cómo mantener los sectores productivos activados y estoy pensando en el transporte aéreo, terrestre y marítimo, la restauración, los hoteles... Tiene que haber más medidas aparte de los ERTE. Después, el acuerdo de reconstrucción debería hacer pivotar la economía más sobre la industria, sobre sectores que generan más estabilidad en el empleo y en la calidad del empleo. Nuestro problema fundamental viene como consecuencia del modelo productivo.

–¿Puede existir un pacto de Estado sin la participación del PP o de CEOE?

–Un pacto de reconstrucción nacional sin la CEOE es imposible y sería muy poco razonable que no estuviera el Partido Popular. Pero tenemos que dar tiempo a que todo el mundo se posicione, ver los temas encima de la mesa, que el PP vea que no es una cuestión sólo del Gobierno, sino de la sociedad. Ahí también veremos cuál es la voluntad política que tiene el Ejecutivo. Hay demasiadas facturas y fracturas del pasado que tenemos que superar. Creo que las organizaciones sindicales y patronales tenemos que ser un motor para que el acuerdo sea posible; nos lo están pidiendo los empresarios, los trabajadores, la sociedad.

–De la crisis de 2008, los trabajadores salieron con recortes salariales y más precariedad laboral. ¿Van a salir de esta crisis con peores condiciones laborales?

–Para nada. Si cambiamos el modelo productivo tendremos trabajo estable y trabajadores más formados. No habrá un pacto de desregulación laboral.

–¿Habrá más intervención del Estado en la economía tras la crisis?

–Desde la perspectiva de UGT debería ser así, porque el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos elementos fundamentales y el mercado no lo hace. Y lo hemos visto en esta crisis.

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