Entrevista a Pepe Álvarez en "El País"

El congreso de UGT en el que Pepe Álvarez (64 años, Belmonte de Miranda, Asturias) iba a renovar su mandato al frente del sindicato o cederlo estaba previsto para esta semana. El coronavirus forzó el aplazamiento a mayo. Álvarez dice que no ha decidido aún si sigue porque la pandemia ha consumido todo su tiempo. Con el coronavirus, los agentes sociales han mostrado su capacidad de acordar. Álvarez está “satisfecho” con el trabajo hecho, aunque admite que estos meses han desgastado a todos, “también a los sindicatos”. Habla bien de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Expresa de manera muy fresca alguna de las cosas que pasan en el país y eso nos ayuda luego con el conjunto del Gobierno”. Con José Luis Escrivá, responsable de la Seguridad Social, las cosas cambian.

Pregunta. Usted ha dicho que llega una avalancha de despidos con la segunda ola, Escrivá publicó datos que dicen lo contrario.

Respuesta. Yo hablaba de la necesidad de reforzar los servicios públicos. Si por avalancha se entiende que habrá muchas empresas que van a ir del ERTE al ERE, creo que no. Si se entiende que los servicios públicos no van a poder dar respuesta a esa nueva situación, sí. Hablaba en el contexto de falta de recursos en los servicios públicos: magistraturas, Fogasa, Seguridad Social o SEPE.

P. ¿Hay que mantener los ERTE después del 31 de enero?

R. En septiembre los sindicatos planteamos que no hubiera fecha límite. Es absurdo.

P. La crisis es temporal y con cambios constantes que requieren adaptación.

R. Y por qué no lo vamos a adaptar sin ponerle fecha. Eso solo tiene inconvenientes. Tienes que correr para renovar la fecha y como lo dejamos para los últimos días, es un caos. Genera incertidumbre. No hay ninguna razón para que un empresario quiera mantener una empresa zombi, le cuesta dinero. Ahora vamos a una renovación para ver y revisar lo que ha funcionado. Y algo muy importante, la Administración tiene que tener capacidad para analizar los ERTE que lleguen, garantizar que no hay fraude. Que cuando un ERTE, la Inspección evalúe y constate que lo planteado es la realidad.

P. Ha sugerido dos veces que la Administración no ha tenido capacidad de respuesta en la crisis.

R. Si hablamos de gestión, por supuesto que no. La propia Administración lo reconoce y aunque no se hubieran producido los recortes de 2008, tampoco la hubiera tenido. Desde el punto de vista de la gestión, es muy difícil tener una administración que pueda dar respuesta a lo que pasó en marzo y abril. Ahora, podríamos haberla dado mejor con una administración como corresponde. En Sanidad y Educación hay mucha falta de personal. La Administración General del Estado está bajo mínimos.

P. El acuerdo marco de negociación colectiva acaba este año. ¿Han empezado a hablar?

R. No, cuesta hablar de algo que no sea estrictamente la pandemia. Pero la perspectiva de la reconstrucción del país, que viene de los fondos europeos, no pasa por bajar los sueldos.

P. ¿Ni por la moderación salarial con el alto paro previsto?

R. Moderación salarial habrá, claro. Hemos tenido estos tiempos. Si la hacemos por un año, es evidente que tendrá en cuenta 2021. Estamos firmando ya convenios con incrementos del 1% en 2021 y el 1,5% en 2022. La negociación colectiva no se detiene por que no hayamos renovado aún el acuerdo marco. Debería valorarse el cumplimiento del anterior y, a partir de ahí, plantearnos otro para los próximos tres años, en el que en 2021, efectivamente, tiene que haber una situación de moderación salarial, que nos permita avanzar hacia salarios homologables con el entorno europeo, y a partir de 2022/23 continuar con la senda creciente de los sueldos.

P. Iban a retomar la negociación para derogar la reforma laboral a la vuelta del verano y todavía no han empezado.

R. No podemos obviar lo pasado con el coronavirus en septiembre y octubre. Y no quiero engañar a nadie. Tenemos una prioridad: atender las necesidades y demandas de la gente en la pandemia. Sabemos, además, que para ser efectivos hay que hacerlo con la patronal. Estamos convencidos de que si se introduce el elemento reforma laboral en medio de este proceso no ayuda a mantener una situación que es imprescindible para los trabajadores en los próximos meses. Eso no quiere decir que renunciemos, para nada.

P. ¿Y qué le parecen las disensiones que se observan en el Gobierno sobre la reforma laboral?

R. Nada nuevo.

P. Ahora con documentos.

R. No los he tenido. Lo importante son las políticas y el Gobierno sabe perfectamente que el día que plantee propuestas como algunas que hemos leído o que están en estudio, se acabó el buen rollito y la concertación.

P. ¿A qué se refiere?

R. Estamos hablando de la reforma laboral. Es muy difícil poder mantener muy buen feeling con el Gobierno en unas cosas, y en otras, que son centrales, mantener una situación de absoluta discrepancia. A ver si se va acabar el buen rollito también en el Gobierno. Veo complejo que el PSOE, que se presentó a las elecciones con un programa, y en algunas cosas bastante clarito y concreto [en referencia a la derogación de “los aspectos más lesivos de la reforma laboral”], y que forma un gobierno con Unidas Podemos, que tiene un programa más determinado y clarito, pueda plantear políticas que no solo no van a aceptar los aspectos que plantean sino que en algunos casos pueden ser más lesivos. La disyuntiva de los fondos europeos es cambio de modelo productivo, tecnológicamente más avanzado, con gente más formada y salarios más altos. Eso nos va a llevar a más estabilidad y a que esta normativa laboral no tenga ningún sentido.

P. Dice Escrivá que algún ajuste hay que hacer en pensiones.

R. Sí, hay que sacar de la Seguridad Social los gastos que no le corresponden, entre 17.000 y 21.000 millones al año. Seguramente habrá que subir las cotizaciones y destopar paulatinamente en las bases máximas, pero ningún otro ajuste. Los problemas de la Seguridad Social son, en este orden: pagos indebidos, bajada de salarios y pandemia.

P. También se plantea retrasar la edad real de jubilación.

R. Si retrasar la edad de jubilación es castigar a las personas en desempleo que no tienen otra opción para trabajar, vamos a estar en contra. Y esa es la inmensa mayoría de las personas que se jubilan de forma anticipada.

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