El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 carece de recursos suficientes

• UGT considera que el plan está dotado de un buen diagnóstico, pero carece de medios

• Propone la creación de una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores

• Reclama una reforma de la Inspección de Trabajo para hacerla más eficiente
 

La Unión General de Trabajadores considera que el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado hoy en Consejo de Ministros, contiene un buen diagnóstico pero está falto de medios para poder desarrollarlo de la manera más eficiente.

El sindicato, a la espera de conocer el documento final, comparte las líneas generales del planteamiento que realiza el Gobierno sobre el mercado de trabajo y sus principales problemas, a la hora de trazar un plan de lucha contra la explotación laboral, uno de los mayores enemigos del trabajo decente, junto con las conductas fraudulentas, abusivas y vulneradoras de la normativa legal vigente, pero observa una cierta diversidad en cuanto a su contundencia y una falta clara de medios para llevarlo a cabo.

En este sentido, UGT considera necesario dar cobertura a colectivos no contemplados o mencionados y que deberían incluirse: por ejemplo, junto al plan previsto para las camareras y camareros de piso, el sindicato reclama actuaciones específicas para las trabajadoras de ayuda a domicilio y para las empleadas del hogar, trabajadoras que reúnen las características de descentralización productiva, convenios de empresa y empresas multiservicios, y que a nuestro juicio merecerían una atención específica.

Además, UGT está de acuerdo en que muchas de las deficiencias de las que adolece el mercado de trabajo requiere de reformas que no se solucionan solo con la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que deben incluir una revisión del cuadro de infracciones y sanciones del orden social, la modificación de la ley que contempla estas infracciones y del título XV del Código Penal.

Entre otras cuestiones, el sindicato reclama acabar con la impunidad y la tolerancia social hacia conductas de vulneración de derechos de los trabajadores que deberían ser consideradas delictivas, atendiendo siempre al principio de intervención mínima del derecho penal. Por ello, demanda deslindar claramente la frontera entre infracción administrativa y conducta delictiva, muy diluida en el ámbito laboral. Además, UGT considera positivo que exista una fiscalía especializada en siniestralidad laboral, pero es hora de dar un paso y crear, sin demora, una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores, con el fin de contribuir no solo a los objetivos que persigue el plan director, sino a los más generales de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.

Reforma de la Inspección de Trabajo

En relación a la Inspección de Trabajo, el sindicato recuerda que, si solo se cuenta con las dotaciones que serían necesarias para ampliar la plantilla de este organismo, el tiempo de espera es tan alto que el plan sería totalmente insuficiente. Por ello, UGT propone:

► Cambiar la orientación, en los Estatutos, de la oficina nacional de lucha contra el fraude, para adaptarla al espíritu y contenido del Plan Director. UGT entiende, igualmente, que deberían adaptarse los convenios con las Comunidades Autónomas, que hasta ahora desarrollaban el antiguo Plan, y por lo tanto se centraban en la lucha contra el fraude.

► Estrechar la colaboración entre la inspección y las organizaciones sindicales, incluyendo un mecanismo de coordinación y cooperación como, por ejemplo, creando la figura de un inspector responsable del Plan en las empresas y un delegado sindical territorial que coordine.

► Planificar actuaciones inspectoras para el trabajo en el sector del hogar familiar, con el fin de eliminar los niveles tan altos de contratos a tiempo parcial no deseado y otras características de la precariedad y la explotación que se centran en este sector.

Para UGT, es imprescindible incluir también en el plan medidas para erradicar la contratación temporal, que encubre los fijos discontinuos; y que en las actuaciones a favor de la lucha contra la discriminación se recoja, además del motivo, las consecuencias, entre otras cuestiones.