El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, señala en el artículo de Cinco Días, que "justo cuando empezamos a despertar y vemos que es necesario regularlas, quieren trasladar sus sedes fuera del país"

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Durante los últimos años, en España hemos sido testigos del crecimiento explosivo de un nuevo tipo de empresas coordinadas por un revolucionario invento: las plataformas digitales. Se trata de un modo de organización del trabajo que permite reducir todos los costes externalizando sus servicios para flexibilizar la empresa e impulsar las posibilidades de emprendimiento de sus asociados.

 

Gran parte del trabajo en este sector lo realizan colaboradores externos, autónomos que son llamados a participar según los vaivenes del mercado de cada día, mientras se supone que llevan adelante sus propios negocios. El caso más emblemático en nuestro país es el de las gigantes empresas de reparto: Deliveroo, Glovo y Uber Eats. Pero también existen plataformas de cuidado, recados, limpieza, alquiler habitacional, camareros, guías turísticos, y un largo etcétera que cada vez más intenta explotar los distintos espacios de la vida. Es decir, no se necesita tener capital, ni una gran idea, ni estudios en ninguna ingeniería. Las plataformas han permitido que para emprender baste con darse de alta como autónomo y sacarle provecho a las capacidades y recursos ordinarios para rentabilizar el tiempo al máximo.

 

Son actividades marcadas por la precariedad, la total desprotección social y la falta de derechos mínimos. Y sin embargo han formado parte de los esenciales durante la pandemia del Covid-19. Unos servicios sustentados sobre las peores condiciones laborales, pero que les ha servido durante la crisis sanitaria para seguir haciendo negocio.
¿En qué momento el emprendimiento se transformó en un modelo de trabajo que debía extenderse para sustentar el crecimiento del país? Porque una cosa es ser presidente de Glovo y otra bien distinta ser repartidor de esa empresa. Uno tiene su propia multinacional con un sueldo millonario y el otro ha tenido que trabajar durante la pandemia del coronavirus sin siquiera tener acceso a un baño. Pero ambos son emprendedores, supuestamente.

 

Se ha ido construyendo un relato desde la crisis de 2008 que desacredita las políticas de los Estados modernos y asevera que el mundo está sumido en diversas crisis (económica, política, laboral, cultural, ambiental, sanitaria, etc.). Entonces, serían los individuos, a través del emprendimiento, los llamados a revertir la situación. Es decir, que cada cual se transforme en su propio jefe y rentabilice las cualidades de su propio “capital” humano para ponerlas al “servicio” de los demás, a través del mercado.
Han querido abrir las puertas de la sociedad para que sea regulada bajo los mecanismos del mercado, ya que son los que impulsarían la aparición de actitudes positivas que traerán beneficio colectivo. Un ejemplo claro de cómo se plasmó todo esto es la introducción de la tarifa plana para los autónomos, una medida pensada para estimular la iniciativa individual y que prácticamente cualquiera pudiera comenzar su propio negocio.

 

La tarifa plana les abrió la puerta de atrás para institucionalizar el empleo bajo la falsa autonomía. Llevamos más de 20 juicios en todo el país que cuestionan su modelo laboral por crear un complejo sistema para explotar a los trabajadores.

 

 

Así fue cómo se preparó el terreno para que irrumpieran las plataformas digitales y comenzaran a poner en práctica los principios del nuevo modelo económico: trabajo flexible y autónomo, empresas más horizontales, remuneración por objetivos, etc. Se construyó todo un entramado empresarial, científicamente calculado por departamentos de recursos humanos, que impulsaría la economía gracias a los adelantos tecnológicos.

 

La revolución de los emprendedores, sin embargo, no era la que pensábamos. En el caso de las plataformas de reparto, poco a poco hemos ido viendo tácticas cada vez más repudiables para acaparar cuotas de mercado y, de paso, burlar la ley. Van desde hacer competir a las personas por las horas para trabajar, hasta utilizar mano de obra inmigrante en situación administrativa irregular para poder bajar los precios y pagar cada vez menos. Un hecho que transgrede un sinnúmero de derechos y que pone las nuevas economías al nivel del esclavismo.

 

Y justo ahora, cuando empezamos a despertar y vemos que es necesario regularlas, quieren trasladar sus sedes fuera del país. Todo ello una vez que se las ha protegido, se les ha permitido inventar nuevos mecanismos de precarización, y que se las declarara servicio esencial durante la pandemia (que se tradujo en un buen negocio)

 

Así lo acaban de anunciar Deliveroo y Uber Eats. Glovo no lo hace porque tiene su sede principal en Barcelona y nació allí, pero ganas no le deben de faltar. Recordemos que, entre todas, deben más de 10 millones de euros a la Seguridad Social por fraude. Pero solo se llevarán las oficinas, porque seguirán ofreciendo sus servicios. Así, incluso están batallando a través de lobbies políticos para adaptar la anticuada regulación laboral a su modelo revolucionario. Que es muy rígida (dicen) porque establece horas extras y días de descanso innegociables. Y esto no está acorde a los nuevos tiempos de trabajo flexible, que es lo que quieren los trabajadores y trabajadoras.

 

Debemos pararnos a reflexionar sobre qué tipo de empresas y sociedad estamos fomentando. Este modelo empresarial crece cada vez más para “modernizar” (hablemos claro, para precarizar) sectores tradicionales que ahora son ocupados por supuestos emprendedores (personas trabajadoras), que quedan expuestos a que sus partners (empleadores y empleadoras) se larguen cuando se les quiere hacer cumplir la ley. Y, como queda claro, es un modelo que hemos financiado entre todos y todas.