RUGE, organización de jóvenes de UGT, reclama a las plataformas digitales que cumplan la normativa laboral

El Gobierno debe actuar con contundencia frente al fraude de los falsos autónomos de estas plataformas, no hacerlo es una irresponsabilidad

RUGE, organización de jóvenes de UGT, insta al Gobierno a dotar a la Inspección de Trabajo de los recursos necesarios para que realice una campaña específica con el fraude de los falsos autónomos en las plataformas digitales de la economía colaborativa.

La organización considera que ya existen evidencias suficientes – incluidas algunas decisiones judiciales- de la ilegalidad que cometen estas plataformas al considerar ‘colaboradores’ a sus trabajadores, negándoles el estatus jurídico que les corresponde como trabajadores por cuenta ajena, con todos los derechos establecidos en la ley. Su relación de trabajo no es mercantil, son falsos autónomos, y que actuar para legalizar su relación laboral. Ese cambio supondría para los riders tener un marco normativo mínimo como asalariados, con unas coberturas suficientes en caso de incapacidad temporal y de desempleo de las que ahora carecen.

Convenio y subidas salariales

RUGE considera inadmisible que estas plataformas se embolsen millones de beneficio a costa de no reconocer la relación laboral que les vincula con sus trabajadores y trabajadoras, a costa de no abonar las cotizaciones sociales que les son obligatorias, o los costes sanitarios derivados de los accidentes que estos trabajadores puedan sufrir en su desempeño laboral.

La organización de jóvenes de UGT insta a estas empresas a que legalicen su situación, cumplan la normativa laboral de nuestro país, y dejen enriquecerse a costa de eludir sus responsabilidades con los sistemas de Seguridad Social y protección social, con la que dañan nuestras pensiones y nuestro mercado de trabajo al promover condiciones laborales abusivas y que bajan la capacidad adquisitiva de la ciudadanía perpetuando la precariedad y la pobreza.

RUGE insta a las plataformas digitales, asimismo, a negociar con las organizaciones sindicales mayoritarias convenios colectivos marco que, recogiendo las particularidades de estas nuevas formas de trabajo, establezcan unas garantías comunes que traigan el normal equilibrio entre trabajadores y empresas, base de todo derecho laboral. Ese marco de negociación colectiva supondría para los riders derechos mínimos de conciliación de su vida personal y laboral, condiciones de seguridad y salud en el trabajo y -tras la firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC)- incrementos salariales que establezcan un mínimo de 1.000 euros al mes en catorce pagas.

Las ciudades están llenas de personas en bicicleta con cajas de reparto gigantes a la espalda, es una imagen que hemos normalizado en poco tiempo. Esos repartidores que llevan comida y otros productos a multitud de clientes han denunciado su situación conjuntamente con organizaciones como UGT, y hoy sabemos a ciencia cierta que no se reconocen sus derechos laborales y que tienen unas condiciones de trabajo semiesclavistas. Hay que dejar de mirar hacia otro lado y obviar una nueva realidad de trabajo que ya ha llegado y actuar contra situaciones de discriminación y abusos tan graves.

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