Artículo de opinión de Pepe Álvarez en el eldiario.es

Nos plantamos ante la crisis del COVID-19 con el mismo planteamiento que con otros retos en el pasado: no pueden pagar la crisis quienes menos tienen. El SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y de distribución de riqueza

El camino hacia un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) digno debe proseguir y no detenerse de ningún modo. Actualmente, este índice se encuentra en 950 euros/mes, marcando un enorme avance del 45% respecto a los 655 euros de 2016, pero hay que dejarlo claro: con 950 euros al mes no se puede garantizar un estándar de vida digno.

En la reunión de este 15 de diciembre, con el Gobierno, se nos ha prometido que el SMI no será congelado, y que veremos una subida que, no obstante, no lo hará llegar a los 1.000 euros/mes que demandamos.

La negociación continuará la próxima semana pero eso no nos puede hacer olvidar que seguimos notablemente por debajo de los sueldos mínimos de nuestros vecinos europeos (que se encuentran por encima de 1.300 euros al mes en Francia, Alemania, o Bélgica, computando 14 pagas al año como en España) y, a pesar del avance, sigue habiendo personas en España que no llegan a ser mileuristas, cobrando menos de 1.000 euros, algo totalmente inaceptable en 2020.

Buena parte del problema tiene sus raíces en la nefasta Reforma Laboral y la consiguiente quiebra de la negociación colectiva, por lo cual pedimos reiteradamente su derogación con el silencio, hoy ya cómplice, del Gobierno, lo que nos sitúa ante un escenario impredecible. Parece que de nuevo se quiere que la salida de una crisis descanse sobre los hombros de la clase trabajadora.

Por ello, desde UGT seguimos exigiendo el aumento a los 1.000 euros al mes en el SMI de 2021, acompañado de un plan de aumento y consolidación para los próximos años que lo haga equivalente a, al menos, un 60% del salario medio del país (actualmente hablamos de un 50,2%, en bruto). Con el precio actual de la vida, está claro que un sueldo de 1.000 euros no permite alquilar una vivienda y poder vivir de forma independiente, cubriendo todos los gastos. Y es que una vida digna es más que trabajar para tener techo y comida.

Respecto de los argumentos económicos liberales en contra, el tiempo ha desmontado todas las teorías que afirmaban que la subida del SMI iba a ser catastrófica para nuestra economía. De hecho, estos mejores sueldos han reforzado la demanda, el crecimiento y han generado un empleo estable, aunque aún quede mucho trabajo por hacer. Por tanto, nos plantamos ante la crisis del COVID-19 con el mismo planteamiento que con otros retos en el pasado: no pueden pagar la crisis quienes menos tienen. Es inaceptable. El SMI es un instrumento inapreciable de solidaridad y de distribución de riqueza.

La crisis ha provocado un aumento de la desigualdad y la pobreza, según destaca un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una de cada cinco personas en España se encuentra en riesgo de pobreza. Un gobierno de progreso no puede hacer oídos sordos a las necesidades de las personas. Un gobierno de progreso no puede vincularse a teorizaciones vacías que solo defienden intereses de casta.

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