El secretario General de UGT reclama, durante la XIX Escuela de Verano de UGT-Extremadura, el aumento generalizado de los salarios, más ayudas para el campo y un acuerdo que asegure la viabilidad del sistema público de pensiones

De esta forma, ha abordado los desafíos imprescindibles que necesita nuestro país a corto plazo. “La reforma laboral, antes de que acabe este año, tiene que estar derogada, totalmente o parcialmente y cambiarla por otras cuestiones, como el tema de la contratación o el despido. Desde los sindicatos tenemos que ser optimistas. Se van a dar unas condiciones que nos van a permitir cambiar de manera importante la legislación de nuestro país”. 

Además, “hay que recuperar la Negociación Colectiva. CEOE tiene que ser consciente de que hay que renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) si quieren que vayamos a un proceso de negociación de los convenios en condiciones de fluidez y sin conflictividad. Si no somos capaces de abrir ese proceso, tendremos una negociación colectiva compleja, difícil y con conflicto. En algunos convenios, como el caso del campo en Extremadura, la patronal tiene una posición cerrada que no tiene que ver con las necesidades de nuestro país. Tenemos una inflación del 4% y los convenios tienen que recoger esa inflación, porque si no, se producirá una pérdida de poder adquisitivo en nuestro país”. 

Para Pepe Álvarez, “la patronal de nuestro país no cumple. Los empresarios del sector agrícola deberían sonrojarse por no aplicar, un año después el IV AENC, los 1.000 euros de salario mínimo convenio que firmaron. En Extremadura no solo no se cumple, sino que se pretende no subir el SMI, incumpliendo la legislación de nuestro país. No se puede subir la jornada para compensar esta subida del SMI. El convenio se tiene que respetar”. 

En este sentido, ha recordado que “venimos trabajando desde el minuto 0 con las organizaciones agrícolas para que los precios cubran el coste de la producción más unos beneficios razonables. El Ministerio de Agricultura tiene que asegurar que las explotaciones agrarias sean viables y tengan futuro. Me parece muy insolidario que los empresarios del campo miren a otro lado a la hora de subirles 15 euros al mes a las personas trabajadoras del campo. Deberían hacer un acto de generosidad y ser conscientes del momento complicado que vive el campo”. 

Pero, además, “más allá de continuar la senda del SMI a los 1.000 euros el 1 de enero de 2022, y a los 1.060 euros en 2023, nos plantearemos que para el V AENC, el salario mínimo sea de 1.100 euros el año que viene, porque es el camino que nos ayudará a ganar poder adquisitivo y salir de la crisis en mejores condiciones. En Alemania van a tener 1.500 euros de SMI en los próximos años. Tenemos una situación de desfase que hay que cubrir. Aumentar los salarios es aumentar la capacidad de compra de los trabajadores y generar economía, empleo y riqueza”. 

Los sistemas privados no van a controlar las pensiones de este país

Durante su intervención, el secretario General de UGT ha asegurado que la noticia “que hemos conocido en las últimas horas sobre un fondo público-privado de pensiones no es, ni será objeto de negociación en la mesa que está abierta. El ministro Escrivá planteó hace un año que el Gobierno tenía esta idea y le dijimos de manera contundente que no era objeto de negociación en el marco de los acuerdos de pensiones, ni en el marco de la renovación del Pacto de Toledo. Esta propuesta pretende poner en marcha un sistema de pensiones privado, y nosotros no contemplamos que el sector privado cuente con un plan de pensiones de estas características. Queremos asegurar, a través del sistema público, pensiones suficientes y dignas”. 

Por ello, ha afirmado la necesidad de “retomar el acuerdo social de 2011. Que las pensiones se revaloricen por encima de los precios. Que se eliminen los recortes que trajo bajo el brazo el PP. Y que se derogue el factor de sostenibilidad, como ya se ha hecho, que recortaba las pensiones futuras”. 

Además, sobre otras “ideas” que han sonado durante los últimos meses, ha recordado que “no es necesario alargar la vida laboral, hay gente que llega ya a los 67 años sin poder trabajar en su empresa. Y tampoco hay que agravar la jubilación anticipada, porque muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de tiempo porque no les dan trabajo, no porque no quieran”. 

Europa ha sido fundamental para salir de la crisis

Pepe Álvarez ha considerado que “hay muchas lecciones que tenemos que aprender de la pandemia que estamos terminando de pasar. Una de ellas es la importancia de estar en la UE durante la crisis. Si no hubiéramos estado, hubiéramos sido incapaces de acudir a buscar recursos para sobrellevar esta crisis. La UE ha sido la gran culpable de que la vacuna se haya administrado con los criterios marcados por los sanitarios y no por los bolsillos de cada uno”. 

Otra de las lecciones es que “el sistema globalizador no puede hacerse de esta manera. No ha habido ni una fábrica de alcohol en toda Europa que nos proveyese durante la pandemia. Importa más dónde se fabrica para abaratar costes que cubrir las necesidades de la población. Tenemos un sistema productivo que ha entregado cuestiones imprescindibles en manos de un mercado voraz, que solo depende del dinero caliente, y eso no se puede consentir”. 

Y la importancia del sector público, “que hay que fortalecer de manera urgente. El peso que ha tenido el servicio de salud durante esta crisis ha sido fundamental. Y eso con los recortes que ha sufrido durante los últimos años. También ha sucedido con la administración pública, que está mermada y hace aguas”. 

Hay que aprovechar los PGE para solucionar los problemas de las personas

En este sentido, ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 son fundamentales para poder salir de esta crisis y encaminar la senda de la recuperación con las mejores garantías. “Son muy importantes y expansivos. Vamos a gastar 40.000 millones en infraestructuras. Nos da la idea de la transformación que puede sufrir el país a partir de los fondos europeos de construcción”.

Además, “tienen un aumento del gasto social, en pensiones, en renta mínima o en políticas públicas. La aprobación de estos PGE tendrá una repercusión muy positiva en los ciudadanos y ciudadanas de este país”. 

Las empresas se enriquecen con nuestros datos

Otro de los temas de relevancia que el sindicato ha tratado durante la escuela de verano será la protección y propiedad de los datos. “Nuestros datos se están vendiendo, se intercambian entre empresas y se generan recursos importantes para ellas, cuando esos datos son nuestros. Hay que ir hacia una protección de datos para preservar nuestra privacidad y para que no se comercialice con ellos. Hablamos de una cantidad de 30.000 euros al año por los datos de cada persona. Es un debate que hay que abordar a nivel mundial”, ha considerado.