Los datos de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado de marzo, publicados en el día de hoy, reportan buenos resultados en lo que a la creación de empleo se refiere, incluso a pesar de que este año la semana santa aún no ha tenido lugar. Así, se contabiliza un incremento del número de afiliados a la Seguridad Social y una bajada del desempleo, reforzando la tendencia positiva del mercado laboral.

En esta ocasión, el aumento mensual de afiliación se cifra en 161.491 personas, con lo que el total de personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 21.357.646. Si lo comparamos con marzo de 2024 hay 455.679 personas más afiliadas, un 2,2%, por lo que el ritmo de creación de empleo se mantiene relativamente estable.

El paro registrado se ha reducido en 13.311 personas con respecto al mes anterior, alcanzando un total de 2.580.138, siendo el dato más bajo para un mes de marzo desde 2008. Además, con respecto al mismo mes del año anterior, el paro se ha reducido en 146.865 personas.

Por su parte, la tasa de temporalidad de la afiliación en marzo ha sido del 11,9%, 0,8 puntos menos que hace un año y 14,8 puntos menos que la registrada en marzo de 2021, antes de la reforma laboral 2021, por lo que se sigue avanzando en términos de estabilidad y calidad del empleo.

En lo que respecta a la contratación, marzo ha registrado un volumen superior al del mismo mes del año pasado, con una proporción similar de contratos indefinidos. Así, en este tercer mes se han firmado un total de 1.166.601 contratos, un 3,8% más que en marzo de 2024. Son 237.506 menos que en marzo de 2021, antes de la reforma. De ellos, 508.662 son indefinidos, lo que implica que el 43,6% de la contratación es indefinida, mientras que antes de la reforma este valor rondaba el 10% de los contratos. Además, el 46,6% del total de contratos indefinidos son a jornada completa, la modalidad más estable.

Con todo, los datos expuestos muestran la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, que sigue generando empleo de calidad a buen ritmo a pesar de la incertidumbre que rodea la economía mundial, marcada por las negociaciones en torno al final de la guerra en Ucrania y la carrera arancelaria con EEUU, que puede afectar a la actividad de determinados sectores productivos. Independientemente de ello, nuestro mercado laboral sigue arrastrando algunos desequilibrios estructurales y áreas de mejora para ganar en eficiencia y derechos para la población trabajadora. 

Seguir mejorando la situación del mercado laboral

En UGT consideramos que es el momento de dar un nuevo impulso a la calidad del empleo y a la distribución justa de la riqueza que genera nuestra economía. La evolución de los principales indicadores económicos, el aumento sostenido de la productividad en las últimas décadas, el cambio estructural en los sistemas de producción y, sobre todo, el incremento continuado de los márgenes empresariales, constatan que España tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de dar un paso decisivo: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial.

No hablamos solo de una aspiración sindical; hablamos de una necesidad social y de justicia económica. Es imprescindible que esta medida se adopte por ley, para que nadie quede atrás y todas las personas trabajadoras, independientemente de su sector o empresa, puedan beneficiarse de una transformación largamente reclamada. La reducción de la jornada laboral contribuirá, además, a repartir mejor el tiempo y la riqueza, favoreciendo la conciliación, la salud laboral y la creación de empleo de calidad. Todo ello en línea con el último dictamen del Consejo Económico y Social Europeo que conocimos la semana pasada. 

Al mismo tiempo, es hora de que España cumpla con sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de derechos laborales. Un año después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) diera la razón a UGT y concluyera que la legislación española sobre despido vulnera la Carta Social Europea, seguimos esperando que el Gobierno adapte nuestro marco normativo a los estándares europeos. La Carta, la Constitución española y el propio dictamen del Consejo de Estado de 8 de julio de 2021 son claros: las decisiones del CEDS son vinculantes y deben cumplirse.

Por ello, es urgente reformar la normativa sobre despido para que las indemnizaciones recuperen su función disuasoria y reparadora, tal y como exige la Carta Social Europea, y para reinstaurar los salarios de tramitación, eliminados en la reforma laboral de 2012. Esta reforma debe garantizar también que ni los jóvenes ni las mujeres vuelvan a ser discriminados con indemnizaciones menores, consecuencia de la precariedad estructural que sufren en el mercado de trabajo.

En paralelo, debemos reforzar las políticas activas de empleo, orientándolas de manera personalizada para mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo, combatiendo especialmente el paro de larga duración y facilitando la inserción de los colectivos más vulnerables.

En definitiva, la senda de crecimiento económico que vive nuestro país debe traducirse, de una vez por todas, en un reparto equitativo de la riqueza y en el fortalecimiento de los derechos laborales. La reducción de la jornada laboral y la reforma del despido no son solo demandas sindicales: son exigencias democráticas, sociales y europeas que no pueden esperar más.

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