El Gobierno debe poner en marcha actuaciones urgentes en materia salarial y laboral

► Es fundamental elevar el SMI y que la patronal se siente a negociar un nuevo AENC que incluya una subida de los salarios.

► Es esencial derogar la reforma laboral de 2012 y la puesta en marcha de una nueva estrategia de políticas activas de empleo más eficaz.

► Es urgente tomar medidas para reducir la desigualdad y acabar con el empobrecimiento en nuestro país y lograr una recuperación de la actividad económica sólida y sostenible

Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral publicada hoy por el INE y referentes al primer trimestre de 2021, muestran una evolución positiva de los costes laborales acorde a la mejora de la situación socioeconómica por el levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias y el avance en el ritmo de vacunación.

Así, el coste laboral total por trabajador y mes se incrementa en el primer trimestre un 1,4% en comparación con el mismo trimestre de 2020, motivado por un crecimiento de los costes salariales de 1%, en línea con el avance del empleo y la recuperación del número de afiliados a la Seguridad Social a niveles previos a la pandemia.

Por su parte, dado que el tiempo de trabajo efectivo aún no ha llegado a registrar las cifras anteriores al inicio de la pandemia como consecuencia de la aplicación de los ERTE, el coste laboral y salarial por hora ha aumentado un 3,5% y un 3,1%, respectivamente, con respecto al año anterior.

Esta recuperación salarial da continuidad a la tendencia observada en los trimestres anteriores, en los que se ha ido suavizando la caída de ambos indicadores, y se recobran unas tasas de crecimiento similares a las existentes antes de la pandemia. Habrá que estar atentos a la evolución de la situación sanitaria y, especialmente, del ritmo de vacunación en los siguientes meses para efectivamente constatar que la recuperación se mantiene en el tiempo.

Estamos ante un contexto crítico para los miles de trabajadores que han visto reducidos sus ingresos salariales este año, bien por haber perdido su puesto de trabajo, bien por haber sufrido un ERTE. Situación que se recrudece aún más si tenemos en cuenta el comportamiento del IPC en estos primeros meses del año, que registró en abril la mayor tasa anual desde octubre de 2018, motivado fundamentalmente por el encarecimiento del precio de la electricidad y los carburantes, productos que afectan de manera determinante el consumo diario de los hogares.

Uniendo la devaluación salarial al incremento de los precios, lo que tenemos es una pérdida de la capacidad adquisitiva de las familias; una reducción de su poder de compra que hace que cada vez sea más complicado satisfacer sus necesidades vitales básicas, y en especial para los hogares con menores ingresos y que más han sufrido el impacto de la crisis. En este contexto, a fin de garantizar un nivel de vida suficiente para miles de trabajadores y trabajadores, desde UGT creemos que es necesario poner en marcha actuaciones urgentes en materia salarial y laboral.

Garantizar un nivel de vida suficiente

En primer lugar, elevar el SMI es una cuestión prioritaria, que no puede demorarse más si se quiere alcanzar el 60% del salario medio y cumplir con la Carta Social Europea suscrita por España, tal y como se ha comprometido el Gobierno. Más allá de su impacto favorable sobre el consumo y la actividad económica, dada la situación actual, aumentar el SMI es una medida necesaria para reducir la desigualdad y acabar con el empobrecimiento al que se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El Gobierno no puede dejar fuera de la recuperación a los más débiles y debe seguir el ejemplo de la inmensa mayoría de países de la Unión Europea y subir ya el salario mínimo de 2021.

En segundo lugar, también es fundamental que la patronal se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recoja criterios comunes para las condiciones laborales en los sectores y las empresas, incluyendo con ello una subida de los salarios que otorgue estabilidad y seguridad económica y laboral a la clase trabajadora. Las organizaciones empresariales no pueden dar la espalda al diálogo social y bloquear la renovación de un marco laboral común que ha tenido efectos muy positivos durante muchos años.

Estas reformas en política salarial deben complementarse con otras en materia laboral, como la derogación inmediata de la reforma laboral de 2012 y la aprobación y puesta en marcha de una nueva estrategia de políticas activas de empleo más eficaz, fundamentales para recuperar todos aquellos puestos de trabajo perdidos durante la crisis sanitaria, reducir el desempleo estructural y facilitar que las personas ocupadas encuentren mejores empleos. Igualmente, también es necesario llevar a cabo una reforma fiscal integral, que dote al sistema de una mayor progresividad y equidad, aumentando simultáneamente la recaudación para extender los mecanismos de protección social a todas aquellas personas que hoy en día se ven desprovistas de ingresos, cualquiera que sea su situación laboral.

En definitiva, se trata de medidas necesarias y urgentes, que deben ser puestas en marcha cuanto antes, si queremos que la recuperación de la actividad económica sea sólida y sostenible en el tiempo. La recuperación no puede realizarse a costa de los trabajadores y trabajadoras como en ocasiones anteriores y debe contribuir a reducir la desigualdad y el empobrecimiento de los hogares y a construir una nueva fase de desarrollo más eficiente y solidario.