La Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, interviene como organizadora en la audiencia pública celebrada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre el “trabajo decente en todo el mundo”, que versa sobre la promoción del trabajo digno, el papel de los interlocutores sociales y la debida diligencia obligatoria para la sostenibilidad empresarial, y que representará una contribución clave al actual dictamen del CESE al respecto

Millones de trabajadores en todo el mundo sufren violaciones de sus derechos laborales y malas condiciones de trabajo. Todavía hoy, 160 millones de niños se encuentran en una situación de trabajo infantil y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso. Asimismo, la crisis del COVID-19 ha agravado esta situación y ha intensificado las condiciones precarias y de abuso en todo el mundo, deteriorando, especialmente, la situación laboral de los más vulnerables.

La Comunicación de la Comisión Europea sobre el trabajo decente en todo el mundo, adoptada en febrero de 2022, establece las políticas internas y externas que la Unión Europea utiliza para luchar eficazmente contra el trabajo forzoso e infantil que exige la adopción de medidas adicionales que sitúen el objetivo del establecimiento de un trabajo decente en todo el mundo en el centro de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente de la pandemia.

En este contexto, Mari Carmen Barrera, en consonancia con el dictamen de opinión del CESE, ha valorado “que amplíe la lista de convenios internacionales que deben cumplirse mediante la adición de dos instrumentos adicionales de derechos humanos sobre los derechos de las personas con discapacidad y los derechos del niño, dos convenios sobre derechos laborales sobre inspecciones del trabajo y diálogo tripartito, y un convenio de gobernanza sobre la delincuencia organizada transnacional”. No obstante, también alienta a que se incluya el Convenio 190 OIT, sobre prevención y erradicación de la violencia.

Asimismo, considera imprescindible “que se incluyan mecanismos de evaluación y seguimiento del grado de observación de la Directiva de diligencia debida, incluida una Red Europea de Autoridades de Control para ayudar en su aplicación”. Sin embargo, ha mostrado su preocupación con que “no prevea en esos mecanismos la participación del diálogo social con los interlocutores sociales” y, en consecuencia, solicita su inclusión de forma precisa en el texto normativo.

Además, durante su intervención, ha señalado que “las representaciones sindicales y los comités de empresa europeos no tienen garantizado un nivel de participación adecuado a lo largo de las cadenas de suministro, algo que fomenta el dumping social y perjudica tanto a las personas trabajadoras como a las empresas. Desde UGT pedimos a la CE que contemple de forma expresa ese nivel de participación de la representación de las personas trabajadoras en la elaboración y seguimiento de la política de diligencia debida de las empresas en toda su cadena de valor”.