Según el reciente informe de Infojobs, en el año 2022 se registró 3.699.065 solicitudes de personas para 2.694.185 de vacantes. A parte del posible análisis sobre la oferta y demanda de empleo, llama la atención el volumen de personas que pasan por esta plataforma para encontrar un empleo. Todas las personas que han buscado trabajo alguna vez son conscientes de las enormes dificultades existentes: que sea adecuado a tu perfil, que tenga un buen salario, etcétera. Y sobre todo la competitividad que se establece para cubrir una vacante. En este entorno de competencia para cribar o seleccionar a la mejor persona válida han llegado los softwares para la selección de personal o plataformas digitales que se establecen como intermediarios entre demandantes de empleo y empresas. 

Desde la publicación de la ley 12/2021, más conocida como la ley rider, los comités de empresa han empezado a solicitar información sobre la gestión algorítmica en las empresas. Curiosamente, algunas empresas, gracias a la acción sindical, se han dado cuenta de la utilización inapropiada de estos softwares. En los diferentes planes de Igualdad en los que UGT está presente, se ha trabajado mucho los criterios de selección de personal para eliminar la discriminación y establecer criterios objetivos para la contratación. De hecho, una acción concreta de la acción sindical es instaurar los curriculum ciegos. 

En los videocurriculum, la persona se expone de tal forma que no es su conocimiento ni su experiencia lo primero que se muestra, sino su imagen con todas sus peculiaridades de género, raza, edad, y, también, su condición social, en función de cómo es elaborado el vídeo. Se trata, así, de una forma perversa, que se está normalizando a pasos agigantados, permitiendo acceder a nuestra intimidad y a la posibilidad de ser excluidos de forma más fácil. Sin olvidarnos del otro gran tema: el Big Data de personas que cada empresa está creada con datos de personas a los que recurrir en cualquier momento. 

El Gobierno ha decidido crear de manera urgente la Agencia Española de Inteligencia Artificial, que tendrá que velar para que estas herramientas digitales no vulneren nuestros derechos fundamentales. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, se pedirá una regulación, porque la Inteligencia Artificial se ha introducido en el ámbito laboral sin negociar con los sindicatos más representativos y sin que exista un proceso de control que garantice la igualdad de oportunidades. UGT no quiere que la tecnología excluya a las personas ni por su edad, ni su género, ni su raza, ni que prescinda de las personas en el mundo trabajo. Por eso, el sindicato exigirá que se legisle a favor de las personas y de los derechos laborales, incluso antes de empezar a trabajar, frente a la Inteligencia Artificial.