Reclama al nuevo Gobierno la necesidad de encarar un Pacto de Estado por la Ciencia

La Unión General de Trabajadores apoya la “Marcha por la Ciencia” convocada por la Federación de Jóvenes Investigadores y la asociación INNOVA-Salamanca para el próximo 19 de octubre en Madrid.

La ciencia siempre se ha caracterizado por los bajos presupuestos y la falta de planificación y visión a largo plazo. La inestabilidad política del país, además, ha hecho que la ciencia pase continuamente por alzas y bajas cíclicas que crean y a continuación destruyen todo el potencial creado, desperdiciando así la inversión pública realizada. Para UGT, es necesario defender una financiación razonable para la columna vertebral de la educación, la innovación y el desarrollo. Para ello, hay que afrontar la problemática de falta de una inversión real y la eliminación de barreras al personal vinculado a la investigación.

La investigación es un componente fundamental generador de riqueza y de alto valor añadido en los productos y servicios. Un Estado o una Comunidad Autónoma que no invierta suficientes recursos en I+D+I está abocado al empobrecimiento de su economía y al deterioro de su estado de bienestar.

Por ello, UGT apoya esta marcha y reivindica al nuevo Gobierno la necesidad de encarar un Pacto de Estado por la Ciencia que garantice, a lo largo de la legislatura, un mínimo del 2% del PIB en la inversión en I+D en el capítulo de subvenciones y contratos para su total ejecución; que recupere el nivel de recursos humanos y la reducción de las edades medias de las plantillas de personal; que asegure la periodicidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos; y que mejore las políticas de igualdad de género en las políticas de recursos humanos.

Además, resulta imprescindible la elaboración del Estatuto del Personal de Investigación  que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados; la unificación de los sistemas de gestión de los organismos de investigación que aseguren su eficacia y autonomía en la gestión; la reducción de la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos e instituciones de investigación; la disminución de la temporalidad del empleo de los investigadores y contratados; la mejora de la movilidad de los trabajadores de la investigación entre las diferentes instituciones del sector público, OPIs y Universidad; y la transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, con criterios públicos y un listado centralizado en el que se publiquen todas las ofertas públicas de empleo.