La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, participó ayer el Plenario del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social para exponer el Dictamen “El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la política de cohesión: hacia una política de cohesión 2.0” que fue aprobado por unanimidad.

Mari Carmen Barrera defendió que “la clave de la política de cohesión es no dejar a nadie atrás mediante una sólida política de inversión, que vaya de la mano del diálogo social, y que consiga una doble transición con un impacto positivo en términos de creación de empleo estable y de calidad además de reforzar las inversiones digitales y verdes”.

Barrera hizo hincapié en que es necesario abordar de manera más eficaz una desigualdad de oportunidades que “impide el crecimiento y la competitividad a largo plazo a escala regional, nacional y de la UE” y que la futura política de cohesión “debe diversificarse y hacerse más flexible, para poder prestar más atención a las personas, especialmente a las más vulnerables”.

“Sin embargo”, explicó, “esta diversificación y especialización deberían diferenciarse aún más en términos de modalidades de apoyo, gestión presupuestaria, objetivos e inversiones”.
Además, Mari Carmen Barrera señaló que es “especialmente importante pedir a los Estados miembros y a las regiones de la UE que asocien a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de la manera más amplia y auténtica posible”.

Especial atención a las personas más vulnerables

“Es necesario ampliar, modernizar o revisar la gama de instrumentos y enfoques para construir una política de cohesión sólida, eficaz, flexible y renovada, centrándose más en la capacidad, los vínculos interregionales, la eficacia de los resultados y las oportunidades para los beneficiarios más allá de la simple inversión” recalcó.

La secretaria de Políticas Europeas de UGT incidió también en la importancia de garantizar que el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sea plenamente compatible con la aplicación de la futura política de cohesión y que las inversiones ya iniciadas no sean suspendidas debido a cambios en la financiación del mismo, ya que podrían tener “un impacto muy negativo en el desarrollo de las regiones y territorios y, en particular, en las necesidades de los grupos de población vulnerables”.