La Comisión de Empleo del Parlamento Europeo acordó ayer por la noche, con 41 votos a favor y 12 en contra, un importante acuerdo que refuerza los derechos de las personas trabajadoras de las plataformas digitales, al consagrar la presunción de laboralidad de las mismas, haciendo recaer la carga de la prueba en las propias plataformas.

Así, siempre que existan dudas sobre la clasificación de las personas trabajadoras dedicadas a este sector económico, se las considerará empleados, a menos que la plataforma demuestre lo contrario, tal y como se recoge en la ley “rider” española que, nacida del diálogo social, fue pionera en Europa en la defensa de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. 

Un acuerdo progresista

Días después de que el Gobierno español liderara la oposición a una directiva que reducía los derechos laborales de las personas trabajadoras en plataformas digitales en el Consejo EPSCO, y un año después de la publicación de la propuesta de la Comisión Europea, la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha alcanzado un acuerdo progresista, a pesar de las presiones por parte de diversas plataformas digitales.

UGT celebra este ambicioso acuerdo que consagra una presunción de laboralidad fuerte y clara, y que ha sido defendido por muchos de sus trabajadores y trabajadoras, e incluso por la plataforma JustEat.
Proteger adecuadamente a todos los trabajadores y trabajadoras es uno de los grandes retos de la era digital. En la actualidad, más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de plataformas digitales, siendo especialmente sangrante su falta de mecanismos de negociación colectiva y la opacidad de los algoritmos que inciden negativamente en sus derechos laborales.

Con este acuerdo, que beneficiaría a los autónomos, garantizándoles flexibilidad; a las personas trabajadoras por cuenta ajena, que tendrán acceso a la protección social; y a las empresas que son respetuosas con la normativa vigente, el Parlamento entablará negociaciones con el Consejo con la perspectiva de lograr una directiva mucho más ambiciosa y eficaz que la propuesta por la Comisión.

Finalmente, sobre la base de esta posición, que deberá ser confirmada en enero durante una votación en sesión plenaria, el Parlamento llevará a cabo negociaciones con el Consejo para alcanzar la versión final de la directiva, que será adoptada oficialmente.